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Amado Boudou sumó ayer un nuevo procesamiento. El juez federal Norberto Oyarbide hizo lugar en cuatro días al pedido del fiscal Carlos Rívolo y procesó al ex presidente por el delito de "dádivas".
Le embargó además sus bienes por un total de 1000 pesos, cifra que es inusualmente baja para una causa de corrupción. El monto de las "dádivas" también lo es: se trata de dos viajes, uno en avión y otro en helicóptero; el primero de 23.705 pesos y el segundo de 150,85.
Los vuelos fueron el 12 de diciembre de 2011, en la primera semana de Boudou como vicepresidente.
Voló ida y vuelta Buenos Aires-Necochea y realizó además un viaje en helicóptero de seis minutos dentro de Necochea con Horacio Tellechea, que en ese momento era el intendente. El objetivo era asistir a un acto institucional: la inauguración de la temporada de verano. Por ese rato de helicóptero, Tellechea también fue procesado ayer.
El lunes pasado, el primer día después de la feria, el fiscal Rívolo había pedido los procesamientos, basado en que ni Boudou ni Tellechea habían pagado por los viajes y que ambos habían sido trasladados en razón de sus cargos.
El piloto del helicóptero, Marcelo Juan Scaramellini, ratificó en la causa que nadie le había pagado el vuelo. Contó que "fue una gauchada" que le pidió Tellechea. Scaramellini era además director de la firma Ecodyma, una empresa constructora. Rívolo destacó que esa empresa tiene como actividad principal desde hace años la realización de "obras públicas y privadas".
Boudou hizo el vuelo Buenos Aires-Necochea en el Learjet 60 matrícula LV-CRB de Alas de Fin del Mundo SRL, cuyo socio mayoritario es Nazareno Natale, un empresario vinculado al juego en el Sur.
Scaramellini y Natale reconocieron haber asumido los costos que implicó cada vuelo y ayer fueron procesados también ambos "por el delito de ofrecimiento de dádivas".
El argumento que Natale había usado en su defensa era que su empresa estaba ofreciendo vuelos promocionales y que, por eso, llevó gratis a Boudou.
Para Oyarbide, eso no libera al ex vicepresidente. "El servicio fue ofrecido a funcionarios públicos (senadores), evidentemente en razón de su cargo, puesto que la pretensión era la de comercializar eventuales vuelos que se realicen en relación con la actividad política que desarrollan", afirmó el juez.
Boudou declaró como acusado en esta causa en diciembre del año pasado (Oyarbide lo indagó cinco días después del cambio de gobierno) y dijo que la decisión "político-institucional" de viajar había sido suya, pero que los traslados eran parte de "instancias operativas" de las que él no se encargaba.
Para el juez, esa defensa no es válida porque el vicepresidente sabía que había una flota del Estado y que no estaba viajando en ella.
"Si bien había sido recientemente elegido -dijo Oyarbide-, se trata de un funcionario público de larga experiencia que había ocupado inmediatamente antes cargos de la mayor importancia (ministro de Economía, director de Anses), con lo cual es válidamente presumible que conocía la flota presidencial de forma exhaustiva, cuanto menos las varias posibilidades de traslado que ofrece la misma."
"La identificación del avión como uno de carácter privado, no perteneciente a la flota presidencial, debió ser inmediata para el entonces experimentado funcionario -añadió el juez-, mientras que la gratuidad del vuelo también se observa evidente, puesto que ese día dos helicópteros de la flota presidencial se encontraban a su disposición."
La argumentación de Oyarbide fue similar a la que había esgrimido el fiscal del caso. "Resulta incomprensible -había dicho Rívolo- la no utilización de alguna aeronave de la flota del Estado o, al menos, de algún servicio rentado prestado."
El año pasado, en el último escrito que presentó en la causa, Boudou se quejó del fiscal. Dijo que había en Rívolo una "ausencia de objetividad" y una animosidad en su contra. Antes de que Oyarbide accediera a indagar a Boudou, el fiscal llevaba tiempo pidiéndoselo al juez anterior que tuvo el expediente, Luis Rodríguez, el primero que llevó el caso.
Rodríguez, que en 2014 había recibido el primer pedido de indagatoria contra Boudou, terminó cediéndole el caso a Oyarbide "por compensación". Oyarbide había anunciado a fin de año que iba a jubilarse, pero ya no parece tan convencido. No volvió a referirse públicamente al asunto y avanza en sus causas contra funcionarios del kirchnerismo.
La defensa de Boudou apelará ahora el procesamiento. Será entonces la Cámara Federal la que resuelva el destino del ex vicepresidente, que ya tiene dos procesamientos confirmados: uno por supuesto cohecho, por haber intentado quedarse con la imprenta Ciccone, y otro por haber falsificado los documentos de un auto y su DNI en el marco de la división de bienes con su primera mujer. Además, avanza en su contra un caso por presunto enriquecimiento ilícito. (Fuente: La Nación).