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Mientras se buscan inversiones mineras, la justicia mete la cola
El gobernador Uñac viajó a Toronto a seducir capitales para que inviertan. Al mismo tiempo, la justicia federal incendia el tablero con disposiciones incendiarias. ¿La politiquería metió la cola? Por Sebastián Saharrea.
Es la primera etapa de una sucesión que termina, si las cosas se hacen bien, en empleo de calidad y motor productivo. Con sus picos y valles, es la historia reciente de San Juan: una actividad económica floreciente de la mano del motor minero que quedó en evidencia justamente ahora que la actividad comenzó a replegarse. Pero que siempre tienen un punto de partida en una campaña de seducción a los capitales privados globales.
Es complejo y peliagudo ese trabajo inicial, a menudo tildado de entreguista por las visiones más radicalizadas que sólo perciben las cesiones impositivas que recibe el sector en ese flirteo de seducción y no repara en resignaciones similares a actividades que no generan el mismo impacto, ni en la multiplicación de la rueda económica que genera actividad en cualquier verdulería de la mano de sus sueldos altos y en blanco. La cosa es que cualquier proyecto en marcha requiere años de análisis y estudios, siempre con un punto de partida que es el trabajo para captar el interés de los grandes inversores que en una sola decisión mueven miles de millones de dólares.
En ese escenario de complejidad y de estado raquítico del banco de suplentes en el negocio minero provincial, es que el gobierno acudió a la tribuna por excelencia en términos mundiales de este negocio millonario que atraviesa por grandes dilemas actuales como consecuencia del bajo precio de los metales y la incertidumbre sobre lo que vendrá. Sergio Uñac, el ministro Alberto Hensel y varios de los empresarios más importantes del sector en la provincia como Ricardo Martínez pusieron rumbo a Toronto, la feria minera más importante del mundo, a cumplir con la hoja de ruta que se impone como el primer paso. Y que suele ser blandido también como enseña por los inversores cuando rebrotan las objeciones al sector: ustedes nos fueron a buscar y ahora nos corren el arco.
Lo del banco de suplentes raquítico es literal. Está Veladero, está Gualcamayo y está Casposo –las tres en producción, con excepción de esta última temporalmente paralizada y flamante incorporación a la escudería Elsztain-, están también Pascua-Lama y Pachón –con respirador artificial, pero están-, y de allí para abajo no hay nada. Cuando se agote la vida útil de éstos procesos en marcha, si todo sigue así puede producirse un reseteo de años en una actividad de probado impacto en la vida económica provincial –no el único, como suele presentarse- con fuerte parálisis de consecuencia.
Si eso ocurre, se dirá que no se previó con tiempo ni se hicieron los deberes para planificar esta clase de desarrollo que requiere no años sino décadas. Por eso este viaje resulta fundacional en varios aspectos, como lo fueron los viajes idénticos al mismo lugar en el proceso de maceración de lo que hoy existe. Allí donde Sergio Uñac le dijo a los inversores que "nosotros estamos haciendo todo, ahora hace falta que ustedes vengan y nos visiten”.
Lo que no está en discusión en todo este procedimiento es la protección ambiental: no debe ser tolerada y se deben aplicar duras sanciones ante cualquier violación. El asunto es dónde está la medida para determinarlo. Y eso es lo que increíblemente aparece en disputa en esta doble investigación penal de Veladero. El gobierno reaccionó con una multa ejemplificadora y de pocos antecedentes con los más de $145 millones que le fijó y que Barrick debió asimilar comunicando que espera "recuperar la confianza”.
Lo insólito es que hay dos investigaciones penales en curso, por lo tanto una de ellas está trabajando sobre firme y otra de gusto, sin que hasta ahora pueda determinarse cuál es cuál. El juez Pablo Oritja acaba de procesar a 9 empleados de la Barrick ante el presunto delito de contaminación, pero su colega Sebastián Casanello avanza con una investigación idéntica, y otras medidas de prueba al menos para el asombro.
Aunque parezca extraño, nadie desempata. Aunque sea por el mínimo interés de dejar de consumir horas de tiempo a un juez que tendrá otras cosas por hacer. La divisoria de aguas es la jurisdicción del delito: mientras Oritja afirma que es juez jurisdiccional porque el presunto delito ocurrió en su jurisdicción, su colega Casanello responde que habilita la vía federal el hecho de que el derrame pudo haber afectado a otras jurisdicciones, es decir a otras provincias.
Más aún, en el intercambio que tuvieron para determinar a quién le corresponde investigar, Casanello explicó que él lleva adelante una pesquisa sobre los funcionarios nacionales, y eso le corresponde a él. Pero no respondió porqué, si en el caso que fuera viable la dimensión federal en la investigación, no lo hace el magistrado de esa jurisdicción en San Juan y sí otro instalado en Puerto Madero como Casanello.
Cuestión que el juez federal de Comodoro Py, la célebre sede judicial tan proclive a sentir de frente la brisa del poder asociada a los intereses de turno, no sólo se mantiene en su investigación sino que ha producido una serie de medidas de una espectacularidad pocas veces vista, por lo tanto susceptible de ser percibida con la picazón en la nariz que producen las dudas.
A pedido de la asamblea Jáchal no se toca, a la que aceptó en la cusa a diferencia de Oritja que no le permitió entrar al expediente por falta de legitimidad, Casanello ordenó que las autoridades entregaran agua potable y alimento no contaminado a la población jachallera. Una manera elíptica pero inconfundible de sostener que existen alimentos bajo sospecha de estar contaminados, cosa que no aparece ni siquiera mínimamente en ningún estudio serio.
También es llamativo el momento. Ocurrió cuando debería estar a punto de definirse qué juez sigue y qué juez no, lo que muy presumiblemente debería inclinarse hacia el magistrado jachallero. ¿Por qué entonces Casanello produce semejantes medidas que se dan de lleno contra la tranquilidad pública, luego de meses de parálisis en el expediente? Muñequeos de los jueces, otro hecho incontrastable es que coincide con otras fechas informativas que se mencionarán más abajo.
Pero tal vez el punto central de las asombrosas deducciones de Casanello pasan por la fuente de prueba que inspiran su sospecha. Se trata de un laboratorio de la Policía Federal que inauguró sus estudios de este tipo, que no tendría la metodología adecuada y tampoco la homologación que corresponde a estos análisis ambientales. Si esto fuera así, como lo deslizan las fuentes judiciales sanjuaninas, la dimensión del daño producido por una decisión judicial impulsada por una prueba floja de papeles podría alcanzar una dimensión irreparable.
En la misma línea, Casanello pidió nuevos estudios a la UNCuyo, la casa de altos estudios que ya participó del revuelo judicial-mediático en los inicios de la crisis de setiembre ocasionada por el irresponsable derrame de cianuro en Veladero. Aquella vez, hubo un presunto informe luego desautorizado, en una casa de estudios sobre la que ya puede adelantarse lo que dirá más adelante. Funciona dentro de una sociedad como la mendocina que dispone de una mirada profundamente antiminera y que mira con cierto desdén lo que ocurre con el desarrollo de la actividad en su vecina San Juan, como atestigua la foto de la primera dama –la esposa de Alfredo Cornejo- haciendo flamear en plena Vendimia –como fue captada por la cámara de canal 13- una remera negra con letras blancas con una inscripción contra la megaminería. Esa que San Juan fue a buscar a Canadá. Habrá ganado alguna décima adicional de popularidad en su provincia, no devela demasiado respeto al resto que no piensa como ella.
Lo que sostiene el ánimo bifurcado es la indefinición sobre la jurisdicción de la investigación, que debería determinar la Corte más temprano que tarde pero que se demora un tiempo eterno que no se corresponde con el volumen del impacto de una medida de fuerte onda expansiva. Y que le da oxígeno a Casanello para que se despache con las medidas rimbombantes que anunció la semana pasada, sin importarle demasiado que se lleven adelante –cosa que no ha ocurrido- sino simplemente enunciarlas en señal de lucimiento personal.
No se ocultan demasiado los acostumbrados a ver fantasmas, y menos ahora que le ven la punta a la sábana. En San Juan llama mucho la atención que la embestida consistió en un sorpresivo retome del expediente por parte del magistrado federal, en los mismos días en que asoma José Luis Gioja como posible presidente del PJ a nivel nacional en frontal pulseada con los espacios de la militancia K, a los que el ambiente vincula con Casanello tanto como Bonadío al PRO.
¿Jueces identificados con colores políticos?, ¿jueces funcionales con sus medidas a algún proceso de desgaste con interés partidario? Negarlo o no considerarlo de antemano sería como pretender vivir en otro país.