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En base a los lineamientos de la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajará junto a CAME para combatir el comercio clandestino. “CAME es la primera entidad empresaria en suscribir un convenio”, indicó Parrilli e instó a trabajar en conjunto a través de las nuevas áreas de Delitos Económicos y Cyberdelitos que se están conformando en la AFI para el “desarrollo de acciones y puesta en marcha de programas”.
En el marco de la reestructuración interna de la AFI, Parrilli expuso: “La inteligencia argentina ya no es abierta, sino que debe perseguir los objetivos de la nueva ley que establece desde el terrorismo de Estado, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico hasta nuevos hechos que tienen que ver con amenazas contra el Estado”.
En este sentido, indicó que “hoy estamos dando el puntapié inicial con los delitos económicos. El objetivo fundamental es el intercambio de información y trabajo para combatir el contrabando, violación de marcas y patentes, piratería del asfalto, entre otros” y agregó: “También estamos trabajando en cyberdelito que es una amenaza que hoy tiene el mundo, porque se presenta no solamente como un problema para las empresas sino también para los Estados”.
En tanto, Osvaldo Cornide, presidente de CAME manifestó que “el apoyo de la Agencia Federal de Inteligencia trae cierta tranquilidad al mundo empresario” y remarcó que el avance de la venta ilegal en Argentina generó una alerta internacional, ante el avance de mafias organizadas que desarrollan un sistema de contrabando, robo y piratas del asfalto, trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, fraude marcario, competencia desleal, narcotráfico y corrupción, entre otros delitos.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lidera la lucha contra el comercio ilegal en la Argentina, lo que ha despertado el interés de la organización internacional de policía criminal INTERPOL, que expuso ante CAME en el mes de Septiembre, vinculando a este flagelo con el narcotráfico.
El comercio informal moviliza en nuestro país más de 52.700 millones de pesos por año, que se traduce en menos empleo formal y derechos para los trabajadores pero además no ingresan impuestos destinados al bien común (salud, educación, seguridad y obras).