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Panamá- Representantes de Congresos Indígenas denunciaron penalmente a directivos de una entidad panameña por violación de los derechos humanos y daños a la propiedad de la población nativa Ngäbe Buglé, al avalar el llenado temporal de una hidroeléctrica cerca de su comarca.
La denuncia penal fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el abogado indígena Héctor Huertas en nombre del Congreso General de Alto Bayano, el Congreso General Emberá-Wounaan y la Fundación para el Desarrollo Embera, en contra de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep).
En particular, la querella va dirigida contra el administrador y directora ejecutiva de la Asep, Roberto Meana y Carmela Castillo, respectivamente.
El libelo los incrimina en la supuesta comisión de los delitos contra los derechos humanos, el medio ambiente y contra la salud, daños a la propiedad, abuso de autoridad, usurpación y omisión de deberes por autorizar el llenado de la hidroeléctrica que represa el río Tabasara, en los linderos de la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí.
El texto de la denuncia señala que las "detenciones ilegales, desplazamiento forzado e inundación de sus tierras son hechos graves y dolosos por parte de la Asep y que se encuentran consumados", por lo que, destaca, constituye un "acto criminal porque va dirigido a un colectivo y no un individuo en particular".
Las pruebas de operación y llenado temporal de la central hidroeléctrica Barro Blanco, en Chiriquí (oeste), autorizadas por la Asep, iniciaron el pasado 24 de mayo con protestas de los indígenas Ngäbe Buglé, que rechazan el proyecto.
"Estos embalses (llenados) de práctica no existen en ningún tipo de tecnología con respecto a hidroeléctricas", dijo el abogado Huertas, quien afirmó que "vamos a demostrar que este señor (Meana) es un delincuente que debe ir preso".
Huertas indicó que la jurisprudencia establece que la propiedad colectiva de los pueblos indígenas es "un derecho de propiedad y debe ser protegido como cualquier tipo de propiedad individual".
El letrado añadió que le pedirá a la Procuraduría que inspeccione los daños "morales y físicos" causados por la hidroeléctrica a la población Ngäbe Buglé, que estimó en "un buen par de millones de dólares".
Ricardo Miranda, líder Ngäbe Buglé del Movimiento 10 de abril, dijo que su etnia mantiene su rechazo al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco y exige al Gobierno su "cancelación definitiva" y que reabran las compuertas para detener el llenado del embalse.
Miranda calificó como "abuso de autoridad y de poder" que se ejecute el llenado cuando "ni siquiera se ha llegado a un acuerdo por parte de las comunidades afectadas con el Gobierno y con la empresa".
La Asep explicó en su momento que el llenado completo de la presa, hasta los 103 metros sobre el nivel del mar, será provisional y se alcanzará el 21 de junio y luego comenzará a bajar hasta los 74 metros el 3 de agosto.
La central hidroeléctrica Barro Blanco es propiedad de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), de capital hondureño, y se ubica en el distrito de Tolé, sobre el río Tabasará, considerado sagrado por los indígenas, que se oponen a su funcionamiento. Barro Blanco debe producir 28,6 megavatios, tras una inversión de 125 millones de dólares.
El Gobierno panameño suspendió las obras de Barro Blanco el año pasado y multó a Genisa por violaciones a la ley ambiental, mientras mantiene una mesa de diálogo con los indígenas, con el apoyo de la ONU para resolver sus peticiones, aunque ha advertido que la presa, que tiene un 96 % de avance, no se demolerá.