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Participaron dirigentes de ATE, sindicalistas docentes, hospitalarios, becarios, referentes de organismos nacionales y de organizaciones sociales y estudiantiles. Se movilizaron por el microcentro hasta cerca de Casa de Gobierno. Presentaron una denuncia penal contra el presidente y su gabinete ante la fiscalía federal.
Movilización contra el veto a la Ley Antidespidos y el ajuste
Convocados por las dos CTA, la de Pablo Micheli y la de Hugo Yasky, se concretó ayer una marcha en distintos puntos del país contra los despidos y las medidas de ajuste del actual Gobierno nacional. En Corrientes, la movilización terminó con la denuncia penal al mandatario Mauricio Macri y a sus funcionarios por “abuso de autoridad y falta a los deberes de funcionario público”.
De la movida local participaron distintos sectores. Además de los dirigentes de la CTA local y de sindicatos que integran esta central como ATE y Suteco, se sumaron trabajadores en situación precaria como los becarios de Desarrollo Social, los trabajadores de los hospitales y un importante número de agentes de organismos nacionales donde se dieron la mayoría de los despidos, como es el caso de Agricultura Familiar, Renatea, Anses y Migraciones, entre otros.
Los manifestantes se concentraron en la plaza Vera y desde allí marcharon por las arterias céntricas hasta toparse con las vallas que le impidieron llegar a las inmediaciones de Casa de Gobierno.
Allí se realizó el acto y se expresó el repudio a las medidas tomadas por el Estado nacional que afectan al sector trabajador en todo el territorio argentino.
En el marco de la movilización “por el trabajo, contra el veto presidencial de la Ley anti-despido arbitrario y contra el Ajuste”, el secretario general de la CTA Corrientes, Juan González presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios al fiscal federal en Corrientes.
Según un extenso desarrollo de hechos expuestos en el escrito considera que el jefe del Gobierno nacional y sus funcionarios incurrirían en los delitos de Asociación Ilícita (Art. 210 del Código Penal); abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). Y la designación de CEO violando el art. 13 de la Ley 25.188 de Etica Pública, su conducta se subsume en el delito previsto por el Art. 253, siendo sus co-autores los funcionarios designados.
El dirigente local de CTA manifiesta que la presentación parte de la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho constitucional del trabajo definido en el artículo 14 bis, que establece que debe asegurar la protección al despido arbitrario y la estabilidad de empleo público. “El empleado público no puede ser despedido arbitrariamente, es decir, sin causa. Por ello, todos los despidos sin causa en el Estado son inconstitucionales, lo que implica abuso de autoridad y falta de los deberes de funcionario público”, reflejó.
La denuncia argumenta que no se trata de una decisión circunstancial sino de una política que tiene por objetivo el beneficio privado empresarial en contra al interés público, al interés del pueblo.
Este objetivo, se demuestra en que los despidos de los trabajadores del Estado tienen que ver con el achicamiento del Estado. Se trata del desmantelamiento de áreas del Estado cuyas funciones, establecidas por leyes específicas, desarrollan políticas públicas de derechos sociales y económicos del conjunto social.
“Debe restituirse el funcionamiento del Estado de derecho, el sistema republicano democrático federal, ya que tienen el objetivo es avanzar sobre 1,5 millones de trabajadores que sobran de los Estados, según el presidente y su vice”, expresó González.