Carlos Slim, empresario.
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Panamá- Una demanda por supuesta “desposesión” de una concesión hidroeléctrica presentada en contra de Panamá por la empresa estadounidense Transglobal Green Energy, socia del empresario panameño Julio César Lisac, fue rechazada en un arbitraje internacional, indicó una fuente oficial.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, emitió un fallo a favor del Estado panameño en el proceso arbitral promovido por Lisac a través de la empresa Transglobal Green Energy, también Transglobal Green Energy Panamá, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El origen de este conflicto legal data de 2006 cuando Lisac denunció la decisión del Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009) de otorgar la concesión hidroeléctrica aprobada a su empresa Mina Hydropower a la compañía Ideal Panamá, S.A., del magnate mexicano Carlos Slim.
Lisac argumenta que Mina Hydropower contaba con la concesión del proyecto de la central hidroeléctrica Bajo de Mina, pero que el Gobierno se la quitó para entregarla al multimillonario mexicano.
El MEF señaló que previo a su demanda en el Ciadi, Lisac había interpuesto una demanda (2007) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá por la supuesta desposesión de la concesión hidroeléctrica otorgada en su momento a Mina Hidro Power.
En 2010, la CSJ emitió sentencia favoreciendo a Lisac y le restituyó los derechos de la concesión, dejando sin efecto la otorgada a Ideal Panamá.
Además, en febrero pasado la Corte Suprema revocó una sentencia que detuvo por más de un año la orden de embargo dictada contra propiedades en Panamá del Grupo Ideal, de Slim.
El MEF explicó hoy que el Estado basó su defensa ante el Ciadi principalmente en cinco aspectos, como la ausencia de inversión, la errónea interpretación por parte de los demandantes de los tratados de protección a las inversiones y la inviabilidad de su reclamo ante este organismo.
Su defensa estuvo fundamentada además en la inexistencia en el reclamo de la condición de nación más favorecida y el hecho de que las sociedades demandantes son entidades controladas por un panameño.
Además, según el Ministerio de Economía, el laudo subraya que un nacional de un Estado no puede demandar a su país, conforme a las normas de arbitraje del Ciadi.
Remarcó que en el arbitraje “se probó que Lisac es el director y controla a las empresas demandantes”.
En la parte resolutiva del laudo, el Tribunal Arbitral señaló que Lisac, de 84 años, no posee o ha poseído los derechos de concesión ya que estos fueron otorgados por el antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos (hoy Autoridad de los Servicios Públicos, Asep) a la Mina Hidro Power.
La demanda presentada por Transglobal Green Energy y Transglobal Green Energy Panamá contra el Estado fue por 100 millones de dólares, precisó.
Sin embargo, reiteró el MEF, se rechazó y se condenó a las dos empresas controladas por Lisac a pagar 2,2 millones de dólares en conceptos de reembolso por gastos legales y costos a favor del Estado.
La Asep, también demandada por Lisac, aclaró en su momento que la concesión del Proyecto Bajo la Mina en la provincia de Chiriquí, fue fue solicitada en 1997 por la empresa la Mina Hidro-Power al antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos (hoy Asep), y “que incumplió con la fecha de inicio de construcción de la obra”.
Los representantes de Mina Hidro-Power alegan que invirtieron seis millones de dólares en estudios de factibilidad de este proyecto.
La Asep recalcó que “tuvo que invocar el contrato que estipulaba que el Concesionario estaba obligado a iniciar la obra de la central hidroeléctrica a más tardar en octubre de 2006, o sea 12 meses contados a partir de la fecha del refrendo del contrato, obligación que incumplió la empresa”.
La entidad añadió que la Mina Hidro-Power había suscrito además en octubre de 2005 un contrato de suministro de energía para iniciar el 1 de enero de 2008 “que tampoco podría ejecutar debido a su atraso en el inicio de construcción, poniendo en aprietos al sistema energético, principalmente para satisfacer la demanda”.
Con la nueva reglamentación, la Asep dispuso a disponibilidad el proyecto Bajo la Mina y, en mayo de 2007, lo sometió a una subasta pública que ganó la compañía Ideal Panamá, S.A., conocida también como Cicsa-Ideal.
Cicsa-Ideal pagó 31,7 millones de dólares para quedarse con la concesión y construir dos hidroeléctricas en Bajo la Mina y Baitún, en Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, para edificar una planta y generar entre 60 a 70 megavatios.
EFE