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Un circo que promete no quedarse corto de actores: hay más de 300 inscriptos para participar. Al parecer, el circo podría estar en funciones durante unos cuantos días.
La categorización de circo no busca menoscabar los intereses de las partes, sino poner énfasis en que no estamos frente a una cuestión política, sino frente a una cuestión de naturaleza esencialmente técnica: no parece razonable que por un bien se pague menos de lo que cuesta producirlo. Por ahora, los consumidores residenciales pagan menos de 20% de lo que cuesta producir el gas que llega a sus hogares. Tan barato es que lo consumen en exceso.
Se sabe que el Gobierno propondrá, en la audiencia pública, un aumento del precio de 203% en promedio, lo que representa una rebaja fuerte respecto del 305% que anuló el fallo de la Corte Suprema. Después del aumento, los consumidores seguirán pagando menos de la mitad del costo. Se dice que la factura promedio orillaría los $150; de ser así, seguirá siendo la envidia de los residentes de toda la región.
Con todo, el aumento no será parejo y el show mediático tendrá sus motivos para llenar la pantalla. Como el año pasado tuvimos un invierno benigno, muchos hogares ahorraron gas y no pagaron los aumentos que entonces había pasado el kirchnerismo. Este año, más frío, los mismos hogares pagarán por aquellos aumentos y por los nuevos. Algunas facturas quizás lleguen con aumentos que parezcan exorbitantes. En contraposición, se propone mantener la tarifa social para los consumidores de menores ingresos.
Todos estos temas serán dirimidos durante la audiencia pública. Una audiencia pública que, curiosamente, el Gobierno se ahorró para el mercado eléctrico. La Corte Suprema falló en este caso en contra de los demandantes y mantuvo firmes los aumentos que habían dispuesto las resoluciones del Ministerio de Energía. Lo hizo, además, condenando a los demandantes a pagar las costas del litigio, en una decisión que hará pensar a otros aventureros antes de seguir los mismos pasos.
Cuesta encontrar las diferencias entre las formas utilizadas por el Gobierno para aumentar la electricidad y las utilizadas para aumentar el gas como para justificar dos fallos de la Corte Suprema que parecen contradictorios.
En lo que no hay contradicción es en lo que el sector espera para su futuro. El lunes pasado se anunciaron los resultados de la licitación para la contratación de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. Para un país con un marco regulatorio en revisión, recesión y alta inflación, el resultado fue llamativo: se recibieron ofertas para construir nueva capacidad por 6 veces el tamaño ofrecido. Un resultado aún mejor que el que en mayo había logrado para la contratación de energía termoeléctrica de emergencia (que había recibido ofertas por 5 veces lo que buscaba el Gobierno).
Es que detrás de fallos judiciales difíciles de entender y del circo que han armado los medios alrededor del tema, los inversores comprenden que, así como está, la cosa no va a seguir. Y no sólo en materia de tarifas, sino de regulación en general: el gobierno está empeñado en que la regulación, que no es mala per se, se cumpla y que todas las partes hagan lo que les indica la ley. Que no haya más un súper-ministro que hace a todos hacer lo que a él se le ocurre y que en el proceso se llena los bolsillos.
La mala praxis en el mercado energético llevó a una combinación letal de corrupción, subsidios y una matriz energética obsoleta y muy dependiente de la generación con combustibles fósiles que debemos importar.
Resolver el galimatías del mercado energético no es tarea de un día, ni de un año. El Gobierno ha iniciado el proceso para resolverlo, y los inversores han respondido a la llamada. Cambiar la matriz energética será cuestión de una década, pero ha comenzado. Y aunque el plazo para eliminar los subsidios al gas y la electricidad parece haberse alargado, no se ha detenido. En el medio, hay un circo que no debería obstruir la visión de los cambios.
Fuente: http://www.elentrerios.com/ Claudio Maulhardt