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Al menos pobladores de diez comunidades del departamento de Santa Bárbara y una de Intibucá demandan la reactivación del proyecto porque generaba 4.000 empleos y beneficios comunitarios.
Agua Zarca, con proyección de generar 21 megavatios en 2017, también estaba habilitando carreteras, proporcionando electricidad y construyendo un puente, dijo uno de sus pobladores, Natividad Díaz.
El Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuya coordinadora general era Berta Cáceres, quien fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, el 3 de marzo pasado, alega que Agua Zarca causa daños a las comunidades indígenas.
La posición del COPINH es rechazada por pobladores de la mayoría de las comunidades en las que tiene influencia el proyecto, que incluso se identifican como miembros de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, según afirman diversas fuentes.
El presidente del Consejo de Gestión y Desarrollo del Sur de Santa Bárbara, José Héctor García, dijo que las comunidades que eran favorecidas con el proyecto hidroeléctrico están afectadas porque muchos de sus pobladores se han quedado sin trabajo.
Además, se paralizaron proyectos comunitarios en educación, agua potable, salud y saneamiento que Agua Zarca, de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), les facilitaba.
García, quien considera que el COPINH ha "satanizado" el proyecto de Agua Zarca, asegura que de 11 comunidades beneficiadas, "solo la mitad de una está en contra de la hidroeléctrica".
"Los pocos en contra son de la aldea La Tejera", Intibucá, dijo a Efe en Tegucigalpa la gerente general de la empresa Energy Solutions Partners (ESP), Elsia Paz, experta en temas de energía renovable con especial énfasis en hidroeléctricas.
La empresa, subrayó Paz, se especializa en desarrollo de obras desde la configuración inicial y obtención de tierras, y se asegura de que los proyectos logren la estabilidad jurídica para que luego se desarrollen y beneficien al país en el marco de la ley.
Añadió que en el caso de Agua Zarca, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aceptaron financiarlo porque cumplía con los requisitos, con evaluación técnica internacional, para desarrollar el proyecto, con el que la ESP no tiene nexos comerciales.
Paz subrayó que es "muy lamentable" la muerte de Cáceres y que el problema con Agua Zarca es "el fanatismo en torno al proyecto" por parte de un movimiento indígena como el COPINH, que "tiene conflictos internos" y "está dividido".
Por el asesinato de Cáceres han sido detenidos hasta ahora seis personas, entre ellos un empleado de DESA.
Paz también recalcó que sobre el proyecto Agua Zarca hay mucha información falsa difundida en redes sociales por el COPINH, entre otros sectores, mientras que en Santa Bárbara "la misma voz de la comunidad está diciendo 'queremos que regrese el desarrollo'".
Dijo que el proyecto pasó por una primera etapa de evaluación, que es "muy importante" porque además de cumplir requisitos nacionales, también pasó por "una evaluación internacional, de una parte independiente, que contrató el FMO".
Luego del asesinato de Cáceres, el FMO invitó a un grupo de cuatro expertos internacionales, Julian Burger (Reino Unido), Margarita Escartin (Australia), Nataly Ponce (Perú) y Leo Valladares Lanza (Honduras), para que hicieran una revisión del Proyecto Agua Zarca, quienes se reunieron con representantes de diversos sectores.
El pasado 9 de mayo, el FMO, que proporcionó un crédito para el proyecto en conjunto con el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund), que participa con un préstamo B de 15 millones de dólares, que se suman a otros 24 millones del BCIE, tomó la decisión de retirar los fondos para Agua Zarca y buscar una estrategia para una salida responsable y legal.
El informe destaca en sus conclusiones, entre otras cosas, que el Proyecto se desarrolló "ampliamente en concordancia con las Normas de Desempeño de la CFI (Corporación Financiera Internacional)".
"No obstante, en las primeras etapas del desarrollo, DESA no estuvo suficientemente comprometida de manera consistente con las comunidades locales, en especial con la comunidad de La Tejera, que rechazó el Proyecto", añade.
Subraya que las inquietudes "fueron mencionadas varias veces en los informes de evaluación de los consultores, requeridos por el financiador FMO", que "en línea con su mandato para garantizar que sus clientes respeten las pautas de la CFI, frenó el financiamiento hasta que estuvo conforme con el cumplimiento de estos requisitos".
El informe ratifica que las acusaciones sobre el origen de muchas manifestaciones de violencia en la zona están divididas, con algunos miembros de la comunidad que acusan a DESA y otros al COPINH.
"Sin el proyecto, estas comunidades han experimentado una recesión significativa y el cierre de negocios, que se observó directamente", indica el reporte.
Además, advierte que "si el Estado, como ya ha ocurrido antes, no toma la iniciativa para invertir en proyectos de desarrollo en la zona, el resultado seguirá siendo la marginación y el abandono de estas comunidades".
Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/