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En la conferencia de prensa que Juan José Aranguren brindó tras participar del despacho de cuatro generadores de vapor que Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) fabricó para la Central Nuclear Embalse ubicada en la provincia de Córdoba, se refirió a uno de los temas por los cuales está en el ojo de la tormenta: los tarifazos de servicios públicos.
En primer momento, negó que existiese “desobediencia” a la Justicia de su parte, tal como fue denunciado por los abogados Juan Facundo, Osvaldo Ferro y Miguel Ángel Fernández, por no respetar el fallo de la cámara Federal de La Plata que ordenó anular las resoluciones por las cuales se dispuso el aumento de la tarifa del gas. Para los denunciantes, el ministro incurrió en el delito de “resistencia o desobediencia a funcionario público” cuando firmó la resolución 129 que fijó que el tope para la suba de la tarifa del gas sería del 400 por ciento.
Según el funcionario, al momento de emitir la resolución 129, su cartera había interpuesto un recurso extraordinario para suspender la sentencia judicial. “Como la Cámara no lo entendió así, le envié una nota al titular de Enargas para suspender la resolución, hasta tanto la Justica se expida”.
En ese sentido, instó a los usuarios “que puedan pagar la factura, que lo vayan haciendo, aunque sea parcialmente”, y no aguardar la decisión de la Corte Suprema, que de avalar la suba tarifaria, obligaría a los consumidores a abonar todas las boletas al mismo tiempo, generando un desfasaje en sus gastos mensuales. En todo caso, indicó que si existiese un error en la facturación o si habría que corregirle, “llegará la nota de crédito correspondiente”.
Reiteró que para que Argentina pueda seguir produciendo, “hay que recomponer el valor de la tarifa, que es irreal”. “Este nuevo gobierno tiene la obligación de decir la verdad y la verdad es que estos últimos años hemos perdido la oportunidad de desarrollar trabajo nacional y lograr mejoras en la productividad”, consideró.
El ministro lamentó que un país “rico en recursos como lo es Argentina, tanto fósiles como renovables, se ha dado el lujo de importar el 30 por ciento de la energía que necesita, lo que es un crimen”.
“No vamos a dejar de importar continuamente energía porque sería difícil que un país como Bolivia le venda su gas natural a otro país que no sea Argentina o Brasil porque somos países integrados en la región, pero sí tenemos necesidad imperiosa de dejar importar gas natural licuado, ese que recibimos por barcos”, aclaró Aranguren. Calculo que “si hacemos las cosas bien”, en “cuatro o cinco años vamos a dejar de importar gas licuado”.
“Reconocemos la angustia en la población, pero hoy tenemos que pedirle a mucha de esa gente que este esfuerzo que estamos haciendo hoy es para lograr que en poco tiempo podamos tener la energía más barata para poder satisfacer a todos los argentinos”, concluyó al respecto.
Además, se refirió a la construcción de un gasoducto en Malargüe, obra que consideró “prioritaria”, aunque destacó que “si no tenemos gas por más que tengamos gasoductos será muy difícil satisfacer la demanda de la población”.
Fuente. http://jornadaonline.com/