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La “concesión sistemática de arrestos domiciliarios” a represores, la detención ilegal de Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru, el intento de desconocer los derechos laborales, el aumento desmedido de los precios y de las tarifas de los servicios públicos y el intento de desconocer los derechos laborales fueron sólo algunos puntos de un crítico documento que firmaron once provincias argentinas.
El pronunciamiento, se produjo luego de participar de la reunión ordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos que se realizó en Tucumán la semana pasada. Además de Neuquén y Río Negro, el documento también fue rubricado por las provincias de: Tucumán, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz y Misiones, informó el portal patagónico, “Va con Firma”.
Según informó, el ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, los representantes expresaron su preocupación por “la concesión sistemática, por parte de la Justicia, de arrestos domiciliarios a represores; los fallos judiciales que niegan la calificación de Crímenes de Lesa Humanidad a asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas en el marco del plan sistemático de exterminio; la participación en desfiles oficiales de represores y referentes de levantamientos contra las instituciones democráticas y la cesión de facultades propias de las autoridades políticas al Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”.
Además, se manifestaron en contra del “aumento salvaje de las tarifas, que atenta contra derechos básicos de amplios sectores de nuestro Pueblo; las afirmaciones insistentes de instrumentar una flexibilización laboral; las insinuaciones de aumentar la edad jubilatoria de mujeres y varones; la continuidad de la prisión de dirigentes sociales como Milagro Sala, compañeros y compañeras y la continuidad sostenida de suspensiones y despidos de trabajadores y trabajadoras”.
En el documento los referentes de los derechos humanos también criticaron “los precios descontrolados e inalcanzables de productos básicos de la canasta familiar; el uso de la base de datos del ANSES por otros organismos, violando normas de protección de datos personales; la represión en algunas jurisdicciones, de manifestaciones públicas, como lo sucedido con trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma; la promoción en Tecnópolis de estereotipos banales y cosificadores de la mujer; y la dolorosa constatación de violencia institucional en comisarías, procedimientos, penitenciarias, centros de salud mental y atención a adultos mayores, en toda la geografía de la Patria, en formas de tortura, tratos crueles e inhumanos, que contaminan de indignidad nuestro estado democrático y que son "lacras" de un pasado nefasto”.
Asimismo, ratificaron el “firme compromiso de no permitir la instalación y legalización, formal o solapada, de la llamada "Teoría de los dos demonios" en dichos y prácticas de organismos estatales, atentando contra la verdad, pilar inherente de la vida democrática; reconocer como derechos fundamentales el agua, la electricidad y el gas, que no pueden ser una mercancía subordinada a las leyes del mercado; garantizar el derecho universal al trabajo y la jubilación, esenciales a la dignidad humana; erradicar prácticas de linchamiento mediático y persecución judicial y política a opositores”.
Las once provincias se solidarizaron con “los y las miles de compatriotas suspendidos y despedidos y reclamar con ellos y ellas por reincorporaciones masivas y reactivación de la actividad productiva; afirmar con fuerza que una verdadera Democracia no admite represión y criminalización de la protesta social; alertar sobre la intromisión en bases de datos, que sólo son lícitas para hacer efectivos los derechos y no para otros fines que colisionaran con la protección de información personal; instar a que el Estado sea promotor de valores culturales consecuentes con la Democracia, la Igualdad, los Derechos Humanos y no cómplice del consumismo individualista y la cosificación de la mujer; y exigir la creación de mecanismos que sean prácticos y eficientes en la erradicación de conductas aberrantes del Estado, que son una herida sangrante para la Humanidad”.