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Tarifazo: Gobierno confía en obtener guiño de la Corte luego de llamar a audiencia
En el gobierno están confiados que en las próximas semanas la Corte Suprema finalmente destrabará el conflicto judicial que tiene como rehén a las tarifas. El solicitar la opinión de la Procuradora "es un tema de procedimientos", explican en fuentes oficiales dando a entender que la derivación no les sorprendió. Además, la Corte estipuló un plazo para la respuesta que por otra parte no es vinculante.
Se estima que "entre mañana y pasado se publicará en el boletín oficial el llamado a las Audiencias Públicas", trascendió en los pasillos oficiales como otra señal hacia la Justicia de escuchar los reclamos.
De todas maneras existe preocupación en la Rosada con la judicialización de las tarifas que ya llevó a que las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, levantaran su voz reclamando por fondos para seguir operando.
Aunque, si quisieran las distribuidoras podrían no darse por enteradas del fallo de la Jueza de San Martin, Martina Isabel Forns -que ya fue recusada- pues las empresas para acatar la decisión judicial deben ser notificadas por el ENRE -situación que hasta la fecha aún no ocurrió-.
Retomando el problema del congelamiento tanto de las tarifas de luz como de gas, de acuerdo a fuentes muy cercanas al presidente de la Nación, manifiestan que se sienten confiados que la situación será resuelta favorablemente por el Alto Tribunal. "Esto significa ordene el tema desde el punto de vista legal".
Respecto a las críticas referidas a que el "tarifazo" afectó a la mayoría de la población que no cuenta con recursos holgados esgrimen que el 87% en el caso de gas recibieron facturas correspondientes a junio - julio por montos inferiores a $500 por mes y en el caso de la luz el 80% tuvieron facturas con montos inferiores a $300 por mes.
Por esta razón es que en la Rosada no comprenden la decisión de la Justicia, "Una jueza tomó una decisión que abarca a todos los usuarios incluso a los industriales" comentan indignados al tiempo que cuentan que por ejemplo en partidos como en Pilar y Escobar donde hay importante establecimientos fabriles se ven beneficiados con la suspensión de la aplicación de las nuevas tarifas.
Argumentan que en el caso del gas la tarifa social y la garrafa social alcanzan a 4.100.000 hogares (el 31% del total de usuarios incluyendo todas las categorías). Además, sostienen que las tarifas son progresivas: la de menor consumo es 58% más baja que la de mayor consumo.
Además, insisten que las tarifas aún con el incremento son entre 58% y 83% más bajas que las correspondientes a Brasil, Chile y Uruguay. Y que solo el 13% de los usuarios recibieron facturas con incrementos superiores a los 500 pesos mensuales.
Si bien en el gobierno no minimizan las complicaciones que genera la judicialización del problema tarifario confían que los argumentos que le hicieron llegar a la Corte Suprema explicando la razón del nuevo esquema tarifario ayudarán a un fallo justo.
Fuente: http://www.ambito.com/Por: Liliana Franco