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Unos 400 estacioneros de la Provincia de Buenos Aires ven seriamente comprometida su supervivencia a raíz de una ley sancionada por el Congreso el año pasado y promovida por el senador Miguel Ángel Pichetto que lleva hasta La Pampa el área de exención del impuesto a los combustibles líquidos.
Por la medida, las estaciones de servicio de La Pampa venden los combustibles a precios considerablemente más bajos que sus pares bonaerenses, con lo cual se producen verdaderas “migraciones” para ir a cargar del otro lado del límite interprovincial.
Sebastián Vázquez, de la Federación de Expendedores, advirtió que se pueden perder “hasta 5 mil puestos de trabajo” por la normativa, a pesar de que, dijo, es “ilegal” ir a cargar a otra Provincia para abastecer el consumo bonaerense.
“Este es un beneficio que se da a una zona exenta para que el combustible sea consumido en ella, pero se han detectado migraciones de gente que va a cargar y reingresa a la provincia, lo cual es un delito por la ley penal tributaria”, dijo.
Asimismo, Vázquez denunció que se viene montando un verdadero negocio de parte de particulares que cargan grandes cantidades de combustible en La Pampa y lo “revenden” en Buenos Aires, obteniendo un margen de ganancias.
Los efectos de la ley se sienten a gran distancia del límite de La Pampa. Vázquez reseñó el caso de una estación de Mercedes que vio atenuadas sus ventas por este factor: los camioneros cargan lo indispensable para llegar a la frontera interprovincial y recién ahí llenar los tanques. Del otro lado, se registra un notable incremento de las ventas, con estaciones que pasaron de expender 280 mil litros a más de un millón desde la sanción de la Ley.
Para resolver el escenario, Vázquez barajó tres variables: o eliminar el impuesto definitivamente, lo cual acarrearía un enorme costo fiscal; volver a fojas ceso con la ley Pichetto o, en última instancia, habilitar un régimen en el que el impuesto de combustibles sirva como pago a cuenta de otros impuestos.