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En el escrito AEE: ¿Más de lo mismo?, la directora sénior de programas del CNE, Jennifer Wolff, esbozó que, si bien el proceso de reforma de la AEE ha estado centrado en dos aspectos —la renegociación de la deuda y lo que se espera sea una eventual revisión de la tarifa eléctrica—, el desarrollo del Plan Integrado de Recursos (PIR) resulta igualmente importante.
“El plan resulta crucial no solo a la luz de la admisión de la principal oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, de que la infraestructura de la autoridad es obsoleta (crumbling) y su modernización requerirá una infusión masiva de capital (que provendrá en buena medida de los bolsillos de los consumidores), sino a raíz de las nuevas regulaciones ambientales que impulsará la administración Obama. La propuesta de la Casa Blanca establece parámetros más estrictos para las emisiones de carbón, promoverá un aumento en la energía renovable y enfatizará la adopción de programas de eficiencia energética”, explica Wolff.
De acuerdo con el escrito, la Ley de Transformación y Alivio Energético aprobada el pasado año (Ley 57-2014) exige que la AEE someta para la aprobación de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), el regulador de la industria, un análisis de las opciones que tiene para satisfacer la demanda de electricidad del país a largo plazo. Este análisis, conocido como el PIR, es el que guiará el proceso de inversiones de capital, integración de fuentes alternas de energía y negociación futura de contratos de compraventa.
Según Wolff, de entrada llama la atención que la AEE desarrolle su propuesta bajo la premisa de que no cumplirá con dos programas mandatorios de la Ley 57 y que necesitará dispensas para un tercero de la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés).
“En el caso de la energía renovable, la corporación aduce que su ‘flota de generación tiene inflexibilidades significativas en su configuración presente dominada por turbinas grandes’ y su propuesta bajo el PIR para aumentar la integración de renovables se queda corta del mandato de ley”, sostiene la analista.
En concreto, según el informe de la autoridad, esta posibilidad remota de cumplir con al menos esa parte del plan podría responder a que entidades públicas cumplirán apenas con el 80 % de la reducción del consumo energético mandatorio bajo la Ley 57 y que, por lo tanto, el programa apenas logrará reducir 5.25 % del total de la energía producida por la AEE para 2022.
Asimismo, Wolff resalta que el estudio solo circunscribe los programas de eficiencia energética entre los consumidores al reemplazo de bombillas y enseres eléctricos.
“En el caso de reemplazo de iluminación, los ahorros en el consumo de energía serían de apenas 1 a 1.29 % de la demanda total. No se ofrece un estimado para los enseres”, indica.
Por su parte, el cumplimiento con los Estándares de Toxicidad de Aire y Mercurio (MATS, en inglés) se identifica como prioritario durante los primeros cinco años del plan, a juicio de la experta del CNE. Sin embargo, señala que la AEE negociará un acuerdo con la EPA para continuar operando con combustible seis (petróleo) en las unidades de Palo Seco 3 y 4 y San Juan 9 y 10. Asimismo, el cumplimiento de Aguirre 1 y 2 dependerá de la gasificación y el proyecto de la plataforma marítima de Aguirre.
Ante estos desfases, la CEPR emitió, a su vez, una orden el 4 de agosto para que la AEE actualice el plan sometido a los lineamientos que exige el Clean Power Plan. La AEE debe presentar esas correcciones antes del 17 de agosto.
Entre las medidas a clarificar exigidas por la CEPR se encuentran “proveer de los costos de capital de cada una de las opciones de turbinas y unidades de ciclo combinado de gas natural que propone, explicar el impacto de distintos costos de acceso a capital y ofrecer los costos variables y fijos de proyectos futuros de energía renovable”.
Asimismo, urgen a que se explique por qué no se incluyeron opciones de energía renovable entre los recursos de generación de la AEE y por qué no se considera el cumplimiento con los estándares para el Portafolio de Renovables (Renewable Portfolio Standards) como un requisito estatutorio entre otros.
Fuente: metro.pr