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En medio de la controversia y las palabras cruzadas por el derrame de cianuro en San Juan, le Suprema Corte de Mendoza sigue con el análisis del expediente por el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722 que hicieron empresas mineras y que debería tener un dictamen del tribunal antes de fin de año.
Los siete jueces del pleno de la Corte tienen ocho días hábiles cada uno para revisar el expediente, pero los primeros tres se tomaron menos tiempo y el texto ya está en manos del cuarto de los magistrados. El primero fue Jorge Nanclares, quien por salir en ese orden en el sorteo debió emitir su voto y argumentar su posición, respecto a la cual se referirán el resto de los magistrados, los cuales podrán estar de acuerdo o no con su voto.
Según fuente judiciales, el segundo juez que tuvo el expediente fue Herman Salvini, más tarde pasó a Julio Gómez, y en la actualidad lo tiene Omar Palermo. Luego será el turno de Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y cierra el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente.
Después del fallo del procurador, Rodolfo González, quien consideró constitucional la ley que limita el uso de sustancias en la minería metalífera, los primeros magistrados pusieron su atención en el texto y ocuparon menos tiempo del plazo establecido para fijar una posición.
Aunque el dictamen del procurador no es vinculante manifestó una postura, pero es la polémica desatada por el derrame de cianuro de la minera Barrick lo que más marca el entorno a la espera del fallo definitivo.
La decisión de la Corte sobre la Ley 7.722 es esperado con especial atención por la industria minera y por las agrupaciones ambientalistas que se oponen al desarrollo de la actividad. Aunque se trata de un proceso que ya tiene varios años en la justicia provincial, en los últimos meses se activó por la negativa del máximo tribunal para realizar una audiencia pública por el pedido de inconsticionalidad.
El pedido fue rechazado en doble instancia, primero por 4 votos contra 3 y luego por 5 votos contra 2. La segunda votación se desarrolló por un pedido del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien entendió que por la relevancia del caso y en base a otras resoluciones de la Corte, era posible realizarla. A pesar de que su voz fue escuchada, el resultado fue el mismo y se pasó directamente a la etapa donde el pleno estudia el expediente antes de dar su fallo.
Las posturas
La duda que existe es sí la presión social producto de lo ocurrido en la vecina provincia de San Juan puede afectar la decisión de los jueces, ya que el derrame se registró en un momento especialmente sensible para la provincia. Para el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, Mario Chabert, existe el temor que pueda tener un efecto de presión sobre los jueces.
"Tememos que se haga una mala utilización del informe de la UNCuyo sobre el río Jáchal. No cuestionamos el informe, sino la interpretación que hacen de él los sectores antimineros y la presión que pueden generar sobre los magistrados", dijo el representante empresarial. Sin embargo, dijo, confía en el criterio de la Suprema Corte.
Por el lado de los ambientalistas, Fernanda Barkudi, representante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán, confía en lo que resolverá la Justicia. "Estamos confiando en la Justicia, los mismos jueces nos lo han dicho, que confiemos en la Justicia", señaló al ser consultada por la expectativa que genera el fallo.
Para Barkudi el contexto en el que se da el fallo, con la discusión por el derrame de solución cianurada, debería tener un efecto sobre la decisión de la Suprema Corte. Además, consideran muy importante la posición que fijo el procurador de la provincia y que validó la ley.
El jueves o viernes, anunció, se reunirán frente al Palacio de Tribunales para terminar de reunir agua embotellada para Jáchal, y desde allí iniciarán la "Caravana por el Agua" hacia la provincia de San Juan.
Fuente: elsol.com.ar