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Según los economistas que suelen analizar las ventajas competitivas de la Argentina, una de ellas es la abundancia de agua. Sin embargo, el 17% de su población no posee ese líquido en forma potable y más de la mitad no cuenta con cloacas. Para solucionar estos problemas y otros (como inundaciones o mayor riego para zonas agrícolas), el Gobierno anunció ayer el lanzamiento de un "plan nacional de aguas".
El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, prometió que se destinarán $ 208.000 millones hasta 2019 para una serie de mejoras. Durante este año, la partida será de $ 80.000 millones.
El principal eje se ocupará de agua potable y saneamiento. El objetivo es que todo el país tenga acceso a un fluido listo para beber, que hoy alcanza al 83% de los hogares. En cuanto a las cloacas, las poseen un 45% de los argentinos y el Gobierno quiere llegar al 75%. Durante esta gestión, se destinarán $ 126.000 millones al proyecto.
Con jefes sindicales presentes, cientos de afiliados al gremio, varias delegaciones de gobiernos provinciales, el Poder Ejecutivo abrió el remozado salón del Palacio de Aguas Corrientes para este anuncio. El edificio fue la primera sede de Obras Sanitarias y es una construcción de 1894 que, en su interior, posee exquisitos vidrios hechos a medida traídos desde Inglaterra.
Mientras automotrices como Toyota estudian la utilización de agua como combustible para sus coches (eliminarían vapor y mitigarían los efectos del cambio climático), el Gobierno se plantea otro uso del agua.
“Cuando le exportamos soja a China, le estamos exportando paquetitos de agua porque China posee la tierra, la tecnología; lo que no tiene es el agua para esa soja”, grafica Pablo Bereciartura, titular de Recursos Hídricos. En ese carril, vendrá el “aprovechamiento múltiple del agua”.
Son $ 45.000 millones en los próximos 4 años y U$S 10.000 millones a largo plazo. Son proyectos “para retención de crecidas” o generación de energía eléctrica, como la represa Chihuido.
Bereciartura cree que se pueden desarrollar sistemas de riego para 300.000 hectáreas (el doble de la superficie de Mendoza) con $ 15.000 millones. El cuarto pilar de su gestión es enfrentar las inundaciones y los “riesgos del clima”.