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La energía se convierte en un lastre para la economía
Este año la actividad petrolera en la cuenca neuquina cayó un 30 por ciento pese a que la industria local está blindada con los precios internos del petróleo y el gas más altos del mundo. Las altas tarifas, combinadas con la quita de subsidios a los consumidores y la devaluación, provocan una escalada inflacionaria cuyos efectos ya vislumbran un derrumbe de la actividad económica.
El lunes, los principales actores del sector se reunieron en Buenos Aires para negociar los pasos a seguir a pocos días de que se venza el preventivo de crisis en la cuenca neuquina. No hubo grandes novedades. Se volvió a reeditar el anuncio de hace un mes: el pago a las petroleras de los 1200 millones de dólares que les debe el gobierno nacional por el Plan Gas, más otros 800 millones por los programas de estímulos a la producción de petróleo. Nación se comprometió a cancelar la deuda, lo cual haría mediante bonos soberanos.
A la vez se abrirá la mesa paritaria. Los gremios reclaman un 40 por ciento de suba salarial. Sin embargo, las operadoras y las grandes empresas de servicio pretenden más moderación y extender el preventivo de crisis.
Otra de las cuestiones que complica el complejo panorama petrolero, producto del derrumbe internacional del barril, es la sobreoferta de crudo que hay en el mercado.
El incremento de la producción de petróleo de calidad Medanito que logró en los últimos tiempos YPF en Neuquén, junto con la caída del consumo por la recesión económica, la importación de crudo (a precios más bajos) que autorizó el gobierno nacional y el mal negocio que hoy significa la exportación para las productoras generaron una abundancia. Por eso, las productoras reclaman a Nación que restrinja las compras al exterior.
Las refinadoras que no están integradas son las más beneficiadas con las importaciones. Por eso pretenden que si son obligadas a comprar en el mercado interno, haya una reducción del precio del barril. Según informó El Inversor On Line, el Gobierno dejará que los privados resuelvan el tema entre ellos y negocien una baja del barril.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que "Argentina debe privilegiar el crudo local para evitar una reducción de empleos y una menor recaudación de impuestos", al anticipar que el país podría "dejar de importar petróleo liviano en el 2016".
Además, indicó que la reciente exportación de 200.000 barriles de crudo liviano se debe evitar para que su destino sean las destilerías locales, aunque aclaró que "continuarán los embarques al exterior de crudo pesado".
En este contexto, Aranguren adelantó que a fin de año volverá a sentarse a negociar con las productoras los precios internos para 2017, que hoy se ubican en 67,5 dólares para el barril de Medanito y 55 dólares para el Escalante.
También planea cambios en los programas estímulo para la producción de gas. La idea es modificar el Plan Gas, que paga 7,50 dólares el millón de BTU al fluido que logren extraer las productoras por encima de su curva de declinación natural. La idea es que los precios se pacten entre las petroleras y los grandes usuarios, mediante un esquema similar al Gas Plus del kirchnerismo.
Durante una charla con empresarios en Houston, donde se mostraron los avances en Vaca Muerta en un encuentro convocado por el IAPG, el funcionario nacional adelantó que el Gobierno está "evaluando enviar al Congreso un proyecto para incentivar las inversiones petroleras" y proyectó que "el desarrollo del offshore llegará seguramente a partir de 2018", un desafío del sector de hidrocarburos pendiente en el país por los altos costos de exploración de posibles reservas mar adentro.
Respecto de las posibilidades de Vaca Muerta, Aranguren planteó que "la Argentina debe concluir lo antes posible la etapa de aprendizaje de los recursos no convencionales en Vaca Muerta, para lo cual es clave optimizar los costos de la logística y de la operación". Además reconoció el rol de liderazgo que logró la petrolera nacional YPF mediante las asociaciones cerradas con Chevron, Dow y Petronas.
Por otra parte, Aranguren desvinculó a Enarsa de la participación productiva en hidrocarburos al señalar que "Enarsa no debe asociarse con petroleras en el offshore ni en el upstream en general porque no tiene capacidad para eso", aunque sí aseguró que "jugará un papel en el desarrollo de las energías renovables".
Sobre el balance energético, el ministro precisó que el objetivo es dejar de importar gas licuado "en cinco o seis años" y que a partir de entonces el país se provea la oferta local y el saldo necesario que se importe desde Bolivia.
Si bien medidas como el sostén del precio interno del crudo y el incremento del gas en boca de pozo fueron buenas noticias para las arcas de las provincias productoras, el alto costo social de los tarifazos puso a Aranguren en el centro de la mirada pública. Incluso el impacto de las subas de la luz, gas y combustibles le ha generado chispazos con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
Boletas en rojo
La llegada de facturas de gas de 70 mil pesos en algunos complejos hoteleros movilizó al sector turístico de la Patagonia. En Bariloche y Villa La Angostura, los empresarios y comerciantes pusieron el grito en el cielo y los vecinos empezaron a buscar una forma legal para frenar el tarifazo.
Las fuertes boletas que llegaron de Camuzzi corresponden al periodo marzo-abril. Con lo cual, en junio y agosto la suba puede escalar a cifras escandalosas de la mano de un mayor consumo.
Tal fue el malestar que se generó en la población, que la empresa salió a aclarar que "los aumentos en las tarifas fueron dispuestos desde el gobierno nacional". El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ya elevó el planteo a Aranguren para que revea la medida para algunas industrias, como la fruticultura y la actividad turística. En Chubut también hay fuertes quejas, porque los aumentos se suman a la paralización de la actividad petrolera, que puso en una grave crisis a la provincia.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina llevará su reclamo ante el Ministerio del Interior y al de Energía.
En este contexto, las decisiones de Aranguren hoy tienen un importante peso sobre la economía, que ya muestra fuertes alertas de recesión. Además, el ministro es fuertemente cuestionado por su compatibilidad con la gestión pública cuando es accionista de Shell, empresa que se ha visto beneficiada con la importación de gas y de combustibles líquidos. Diputados del massismo elaboraron un informe donde denuncian esta situación y la ilegalidad del tarifazo del gas.
La cuestión energética ganó el centro de la agenda pública. Son los capítulos iniciales de una novela que mantendrá en vilo al país.