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Son en total 21 los suministradores de dinero que el empresario deberá quitar. Nueve están situados en los barcos, mientras que el resto está ubicado sobre el edificio de Avenida del Libertador, en Palermo, que contiene 4600 máquinas tragamonedas de última generación.
Si bien la medida persigue como fin último prevenir la ludopatía -adicción patológica a los juegos de azar-, se produjo en medio del enfrentamiento entre el zar del juego, como se lo conoce a López, y la administración de Macri.
"Le estamos marcando la cancha", admitieron fuentes del Gobierno. Aunque descartaron la posibilidad de reducir la cantidad de tragamonedos que administran López y compañía, fuentes oficiales explicaron que la orden del jefe del Estado fue que el juego no crezca más. El estratega a cargo de este trabajo es Fabián Rodríguez Simón, integrante del núcleo duro del Presidente.
"Es la agenda que bajaron Macri en la Nación y Rodríguez Larreta en la ciudad", confiaron desde Lotería Nacional.
La decisión de remover los cajeros, que tuvo un antecedente similar en la provincia de Buenos Aires en 2007, bajo el gobierno de Daniel Scioli, se dio 15 días después de que Lotería sacó de servicio 17 máquinas tragamonedas, con 162 puestos de ruletas electrónicas, del Hipódromo de Palermo y el casino flotante.
Fuentes de Casino Club describieron la resolución como "una persecución", aunque destacaron que la cumplirán. "Siempre vamos a estar dentro de la ley", añadieron.
Aunque evitaron hablar de hostigamiento, desde el Hipódromo calificaron la decisión como "extraña" y acusaron a la nueva cúpula de Lotería Nacional, a cargo de Tomás Elizalde, de intentar "sacar chapa" de que están controlando al sector.
"Están tratando de cazar leones en el zoológico", dijeron allegados a las operaciones del Hipódromo y los barcos anclados en la Costanera.
El malhumor de los empresarios se funda en que creen que el Gobierno obstaculiza el funcionamiento de los tragamonedas legales en lugar de perseguir el juego ilegal.
El juego en el territorio porteño se divide en pocas manos. Desde que arribaron las máquinas tragamonedas en 2002, el Hipódromo es administrado por dos firmas: Hapsa, de Federico de Achával, propietario del 72,5% de la sociedad, y el resto pertenece a Casino Club, donde López controla el 30% del paquete accionario. En 2007, a días de dejar la presidencia, Néstor Kirchner firmó un decreto de necesidad y urgencia, mediante el cual extendió la concesión, que vencía en 2017, hasta 2032. Además, "forzó" a López y De Achával a instalar 1500 máquinas nuevas. En el Casino flotante, en tanto, la firma Cirsa tendría el 50%; Hapsa, el 25%, y Casino Club, el 25 por ciento.
Por todos estos episodios, sumado al frente judicial -es investigado por presunto cohecho en la causa Los Sauces SA y por retener indebidamente el pago de impuestos a los combustibles por $ 8000 millones-, López está buscando desprenderse de sus acciones en el juego, información que adelantó Perfil el último fin de semana y que fue ratificada ayer a este medio por fuentes cercanas al empresario dueño del Grupo Indalo. "Se lo ofreció a los socios de Casino Club, pero no llegan con el dinero", confiaron fuentes del Grupo Indalo. Los únicos capaces de afrontar semejante operación financiera serían los españoles de Cirsa.
El empresario kirchnerista arrastra una vieja deuda con el gobierno porteño por Ingresos Brutos por las actividades de juego que regentea. Son otros $ 4000 millones que se suman a la cuenta.