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Si bien la administración de Cecilio Salazar mantiene en secreto identidades y pormenores de los casos, trascendió que se trataría de una empleada investigada por faltante de dinero, un agente acusado de hacer propuestas indecorosas a contribuyentes y un trabajador sanitario que -entre otros- prescribía tratamientos médicos sin ser profesional. Podrían ser denunciados penalmente.
Así lo revela un informe publicado por el Semanario local, La Opinión, el cual dio detalle de los casos, pese al hermetismo que mantiene la administración de Cecilio Salazar.
Una de las empleadas sumariadas está sospechada por el faltante de alrededor de 167 mil pesos en el área de Rentas, donde se desempeñaba. La situación fue detectada porque un contribuyente pagó por un trámite y en otra dependencia le dijeron que tenía el comprobante anulado, lo que provocó una pesquisa que determinó que sería una modalidad sistemática en una de las cajas, según publicó el medio sampedrino.
Un agente del Juzgado de Faltas sería otro de los suspendidos, en este caso, acusado de hacer propuestas “indecorosas” a los contribuyentes. El principal testimonio lo aportó un joven que fue a hacer un trámite por una multa; no obstante, un funcionario municipal también aportó lo que le refirieron otros que pasaron por la misma situación. Según esos relatos, el trabajador les habría "tocado las partes íntimas" e insinuado "favores sexuales" para "hacer pasar" las infracciones.
El tercero es un trabajador del Centro de Salud de Río Tala, acusado de llevar menores de edad a una de las salas de ese espacio asistencial, sin que haya autorización médica alguna, tratar animales en el mismo consultorio y hasta prescribir tratamientos médicos sin ser profesional.
Los tres fueron suspendidos por 60 días sin goce de haberes y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir el mencionado semanario, el Gobierno sólo publicará en el Boletín Oficial la parte resolutiva de los decretos, para no ventilar las identidades y los hechos que dieron lugar a los sumarios, al menos hasta tanto haya una resolución. Por la gravedad de los hechos, los tres sumariados podrían ser despedidos y hasta denunciados penalmente.