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El accionar del Estado en las empresas privadas que integran el Fondo de Garantías de Sustentabilidad
En un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los economistas Hernán Letcher y Julia Strada, analizan la participación del Estado y el accionar de sus representantes, en las empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), del que claramente se desprende el tremendo perjuicio que implicaría, tanto para sostener las jubilaciones actuales y futuras, como para las propias empresas, desprenderse de ese capital accionario.
Las empresas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) son aquellas en donde el Estado Nacional se presenta como un posible socio estratégico, llevando a cada instancia de participación su perspectiva en relación al desarrollo económico nacional, comienza diciendo el informe.
Al momento de su estatización, las AFJP, creadas por el menemismo en 1993, tenían entre sus carteras acciones de 44 empresas. Por ese motivo, la Anses, a través del FGS, heredó el manejo esos activos (valuados a mitad de 2015 en 63 mil millones de pesos).
Actualmente el Estado posee representantes en el directorio de 27 de esas compañías. Esos funcionarios actúan hoy bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal (Dnepe), dependiente de Economía y que sería reemplazada por la Anpee, un organismo autárquico.
El “muy buen resultado económico” de las 44 compañías con participación accionaria del Estado, revela que éste, desde 2012 “no fue un socio que perjudicó el ritmo de negocios de los privados, sino que lo potenció y les permitió ganar mucho dinero”.
En tal sentido, el trabajo de CEPA señala que entre 2012 y 2014, las ventas totales del conjunto de empresas aumentaron en 70%, en tanto que la participación del Resultado Neto en relación a las ventas casi se duplicó en el periodo, y el aumento de las inversiones fue de la mano de un aumento de los dividendos pagados.
Este dato –dice CEPA-, muestra que la política de promoción de inversiones es consistente con una rentabilidad razonable y creciente en el tiempo.
Luego, el centro de estudios detalla el accionar de los directores representantes del Estado en las empresas, quienes “cuestionaron” propuestas de honorarios para Directores cuando crecían por encima de los salarios o estaban fuera de los valores del mercado.
También el informe recuerda cuando, a propuesta de los representantes del Estado, se rechazaron Ofertas Públicas de Acciones cuando éstas perjudicaban al accionista minoritario (casos Solvay, Socotherm, Distribuidora de Gas Cuyana, entre otras); o cuando se exigió el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la Asamblea de Clarín; asimismo, cuando se cuestionaron operaciones con sociedades relacionadas alejadas de las condiciones de mercado (Quickfood, Metrovías, entre otras).
La función del ANPEE (Agencia Nacional de Participaciones en Estatales en Empresas) que se propuso en el proyecto de ley de 2015 fue la de unificar y coordinar la intervención de los directores en las empresas; limite al pago de dividendos y transferencias de utilidades al exterior, re-inversión, política de precios.
Casos paradigmáticos
El trabajo de CEPA pone de relieve el caso Siderar al considerarlo “fundamental”, cuando por la insistencia de Axel Kicillof, por entonces director de la empresa en representación del Estado, realizó una inversión para la instalación de la colada continua, cuyos datos técnicos del proyecto, hablan por sí solos.
Se invirtieron U$S 290 millones, para alcanzar una capacidad productiva de 2.500.000 toneladas/año, que implicaron 2,5 millones de horas hombre en el proyecto y sus servicios auxiliares; 260 mil horas de ingeniería dedicadas, y 4,5 mil toneladas en montaje de equipos principales, estructura y cañerías.
Aluar
Se promovió y acompañó la capitalización de resultados acumulados. Se capitalizaron $300 millones.
S.A.I.E.P. (La Anónima)
Se promovió y acompañó la capitalización de resultados acumulados. Se capitalizaron $450 millones de resultados para aumentar el capital social a $500 millones.
Ferrosur Roca
Se negoció la mejora de patrimonio mediante aportes de capital del accionista privado manteniendo la participación accionaria del Estado Nacional y evitando un sobreendeudamiento. El grupo controlante (Loma Negra) realizó 2 aportes de capital en 2014 por un total $100 millones.
Banco Hipotecario
Se contribuyó a la coordinación público-privada para la ejecución del programa Pro.Cre.Ar y su seguimiento. La emisión del fideicomiso y sus ampliaciones fueron aprobadas por Directorio. Mes a mes los directores por el Estado Nacional discuten la situación financiera del fondo y se le da seguimiento a su evolución patrimonial y operativa.
Caso Clarín
Por último, el trabajo de los economistas Hernán Letcher y Julia Strada, contrapone como ejemplo lo que sucedía con los fondos que aportaban los trabajadores para los futuros jubilados, cuando el Estado no participaba de su control.
En 2007, el Grupo Clarín S.A., realizó una oferta pública de acciones en las Bolsas de Londres y Buenos Aires, cuya venta alcanzó el 20% de su capital total.
Cuando el Estado argentino aún no las había estatizado, las AFJPs de entonces las compraron a $32 cada una, y un año después, en octubre de 2008, el precio cayó a $4,60, cerrando el mes en $6,05, es decir, una pérdida para los futuros jubilados del 81%, unos 127 millones de dólares.
Actualmente existe un juicio sobre este tema por el valor "inflado" como resultado de “haberse ocultado información esencial” a los potenciales compradores, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) exige a cualquier compañía que sale a cotizar en Bolsa: “se los engañó y no les advirtieron de los riesgos que afrontaban al comprar la acción, como los juicios de competidores del cable contra la unión de Cablevisión y Multicanal”, sostiene el informe de CEPA.
Por entonces, el grupo Clarín se justificó diciendo que "la caída de la acción se dio al principio en sintonía con todas las demás acciones, por la dinámica general previa a la crisis", y que a partir de mediados de 2008 el desplome se debió "al hostigamiento administrativo al que nos somete el gobierno“. Sin embargo, la acción de Clarín cayó por lo menos, un 50% más que otros títulos relevantes del mercado local“, finaliza diciendo el informe de CEPA.