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Empresa de Luksic es acusada de crear “megabasurero” minero en territorio argentino
Se trata de más de 52 hectáreas, donde se destruyó lagunas, vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. Exigen la intervención del Congreso nacional.
En tanto, se da cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental presentado para pedir la autorización de Cerro Amarillo el mapa del proyecto no cuenta con las trazas de la frontera, lo que hubiera delatado que la mitad del basurero estaba en suelo extranjero. En 2004, el gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo, al norte de la mina Los Pelambres. En el lugar se arrojaron desde neumáticos hasta residuos minerales, los cuales pueden provocar drenaje de ácidos al suelo.
El proyecto minero Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, es cuestionada por las autoridades argentinas de San Juan por haber creado un megabasurero de casi 52 hectáreas que entre 2007 y 2012 arrojó 55 millones de toneladas de residuos peligrosos.
Si bien el gobierno provincial de San Juan firmó un acuerdo con la empresa de Andrónico Luksic para que la zona sea aislada, la escombrera no sera removida y la minera solo se hará responsable de este hecho por 10 años, por lo que se pide la intervención del Congreso trasandino.
La escombrera mide 105 hectáreas cuando la autorización es para 88 y tiene 70 metros de altura. La mitad se encuentra ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, en manos de la minera suiza Glencore.
La escombrera es propiedad de Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic-uno de los más poderosos de Chile-y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
La empresa suiza reclamó informalmente que los colegas chilenos retiren la escombrera y luego en 2014 presentaron una demanda civil en donde solicitaron la "mudanza" del botadero y el pago de un resarcimiento. La respuesta fue que el pedido era "oportunista". Ante la flata de avances, Glencore presentó en marzo pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls por los delitos de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación de la ley de residuos peligrosos. Los gerentes nunca fueron a indagatoria porque el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó con la causa.
En mayo del año pasado se conoció que la escombrera contaminó el suelo argentino, a través de la consultora URS AECOM y por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores además, localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. "Casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas", señalaron en el estudio.
La laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero tiene "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera".
También se descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
El informe también detalló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
El informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho de otra manera, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
El 17 de junio, se le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. El mismo funcionario acordó con los abogados de la minera en una audiencia el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
EL 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo desprestigiado entre los ambientalistas. Entre las cláusulas se encuentra que Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
De esta manera, la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará indemnización. La escombrera seguirá en su sitio. viarosario.com y eldinamo.cl