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El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el beneficio del arresto domiciliario al represor y condenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Etchecolatz, aunque por el momento permanecerá detenido por otras causas.
Etchecolatz cumple varias condenas a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la última dictadura militar y es el principal sospechoso de la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006.
El represor, de 87 años, se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza realizando una huelga de hambre, lo que aceleró el planteo de sus defensores sobre su situación de salud, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.
A pesar del fallo de la justicia federal de La Plata, la domiciliaria no se hará efectiva porque hay otras condenas y también causas en su contra que están en etapa de instrucción, por las que debe cumplir prisión preventiva efectiva.
La abogada de la familia de Julio López, Guadalupe Godoy, repudió la decisión judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, al afirmar que "abre la puerta" para que la mayoría de los imputados por los juicios de delitos de lesa humanidad de la jurisdicción de La Plata "tenga el mismo destino".
"Lamentablemente sabemos que con la composición del Tribunal Oral 1 se abre la puerta para que los mayoría de los imputados en la jurisdicción de La Plata tenga el mismo destino", sostuvo Godoy. Al respecto, la letrada indicó que "los jueces son permeables a los momentos políticos" y señaló que en los últimos meses regresaron "discursos negacionistas o tratando de instalar de nuevo la teoría de los dos demonios".
En declaraciones televisivas, Godoy remarcó que ya se había dado "un mensaje claro de la Secretaría de Derechos Humanos de no apelar más las prisiones domiciliaras", cuando "casi todos los imputados tiene la edad" para ese beneficio que se otorga a las personas de avanzada edad, a excepción de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Etchecolatz, mano derecha del temible Camps
Miguel Etchecolatz se desempeñó durante la última dictadura militar como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense con el grado de comisario general, cargo desde el cual se convirtió en la mano derecha del general Ramón Camps.
En virtud de tal cargo, Etchecolatz fue responsable del operativo que derivó en "La Noche de los Lápices" y del funcionamiento de los 21 campos clandestinos de detención en la provincia. El expolicía fue condenado en 1985 a 23 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos en 73 casos, pero luego quedó en libertad al recibir el beneficio de la ley de Obediencia Debida, bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín.
En agosto de 1997, Etchecolatz promocionó su libro denominado "La otra campana del Nunca Más", a través del cual intentó dar una visión desde la dictadura sobre los desaparecidos para confrontarla con la investigación realizada entonces por la Conadep. En mayo de 2000, el entonces juez federal Humberto Blanco inició un proceso contra Etchecolatz por el homicidio de Diana Teruggi, el 24 de noviembre de 1976, y la desaparición de su bebé Clara Anahí Mariani.
Además se lo acusó de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado; y la privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López, quien permanece desaparecido luego de brindar un testimonio clave en el juicio contra el represor.
A raíz de la nulidad de la Obediencia Debida dictada por el Congreso, en marzo de 2004 la Cámara Federal de Buenos Aires decidió reabrir el expediente de la megacausa Camps, que en los años 80 investigó el accionar de la Policía de la provincia durante la dictadura.
La megacausa Camps quedó en manos del juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, quien en septiembre de 2004 ordenó la detención de los condenados, comunicándoles que volvían a cumplir la pena, aunque Etchecolatz consiguió entonces el beneficio del arresto domiciliario al superar los 70 años de edad.
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