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Defensoría advierte preocupante impacto ambiental de hidroeléctricas del país
Un diagnóstico basado en la perspectiva de los derechos humanos y el impacto ambiental de los proyectos de generación hidroeléctrica en el país, elaboró la Defensoría del Pueblo a partir del estudio focalizado de 8 de ellos, ubicados en siete departamentos del país.
Se trata de los complejos de Betania, Chivor y El Guavio, los cuales tienen 10 años de funcionamiento con base en las variables de operador, tiempo de operación y localización, así como Porce III, Amoyá, La Esperanza, Sogamoso y El Quimbo (con menos de 10 años), al igual que Ituango (el cual se encuentra en etapa de construcción).
Análisis:
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Defensoría son las repetitivas modificaciones a las licencias ambientales (LA) y a los planes de manejo ambiental (PMA) que registran las hidroeléctricas. La que más reportes acumula es El Quimbo, con un récord de 117 modificaciones, Amoyá con 14, Ituango (que pese a estar en alistamiento y tener una influencia sobre 11 municipios de Antioquia) completa 13 modificaciones, Porce III con 11 novedades, Betania con 10 y Sogamoso con nueve en total.
Informe:
El informe de la Defensoría del Pueblo advierte falta de planificación y vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades, puesto que en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado, ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la Ley.
Para el organismo de control resulta claro que el seguimiento y control de las autoridades competentes en esta materia es insuficiente, y ello se traduce en circunstancias reveladoras como la emisión de olores ofensivos por acumulación de biomasa (lo cual es absolutamente prevenible), la infiltración y pérdida de fuentes hídricas superficiales y subterráneas con el consecuente resecamiento de la tierra y la disminución de la productividad (así se observó en Amoyá Porce e Ituango), y la asimetría entre las condiciones sociales de las comunidades y los criterios de responsabilidad social y transferencia a los entes territoriales que le asiste a las empresas generadoras.
Recomendaciones:
A partir de estos hallazgos, la Defensoría planteó 14 recomendaciones puntuales a 8 instituciones del Estado, incluidos los Ministerios de Minas y Energía, y Medio Ambiente, a la vez que solicitó el concurso de la Contraloría General de la República para revisar la destinación de los recursos que van a las Alcaldías y a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Fuente: http://www.ecosdelcombeima.com/