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Concesionaria de polémica hidroeléctrica, preocupada por acuerdo entre Gobierno panameño e indígenas
Genisa informó, a través de una declaración enviada a los medios, de que no es parte del acuerdo que el Gobierno anunció ayer, y que fue firmado por el jefe de Estado, Juan Carlos Varela, y la cacique de la comarca, Silvia Carrera, en un área rural en el distrito de Tolé.
Uno de los puntos de ese pacto señala que la operación del proyecto será manejada por un tercero independiente con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas, de forma que Genisa pierde su concesión para explotar la central.
Genisa anunció que se reserva el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a su disposición para proteger el derecho a "un trato justo y equitativo" de la inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a los derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
Según el comunicado, a la empresa, que muestra una profunda preocupación ante ciertas cláusulas contenidas en el pacto, se le informó al respecto con posterioridad al mismo.
Genisa considera que se vulneran los derechos amparados en el contrato de concesión para la construcción y explotación de la central hidroeléctrica, construida en tierras de su propiedad privada.
La empresa recordó que ha pasado aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno panameño decidió instaurar una mesa de diálogo con una comisión indígena respecto al proyecto, de la que Genisa nunca ha sido parte.
Sin embargo, lamentó la concesionaria, se han tomado y siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros.
En la nota se subraya que el proyecto está ubicado fuera de la comarca, y que las cláusulas referidas igualmente violan y menoscaban los derechos que amparan a sus inversionistas, ciudadanos de Estados Unidos y de Centroamérica, bajo normas legales y tratados internacionales.
Además, Genisa aseguró que tanto ella como sus contratistas han cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a la ley panameña, y criticó que con decisiones y acciones se ha incidido materialmente y de manera negativa en la construcción y, en el futuro, en la operación comercial de este proyecto.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/