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Lenguazaque, ubicado en el departamento de Cundinamarca, encontró, desde tiempos ancestrales, en la minería una de sus actividades productivas más importantes. A ellas se suman, como en la mayoría de municipios del altiplano cundiboyacense, la ganadería y la agricultura.
Sin embargo, la falta de formalización de la actividad extractiva en el departamento ha generado daños al medio ambiente y pérdidas humanas como consecuencia de procesos técnicos precarios.
En medio de esta situación, recientemente la Agencia Nacional de Minería (ANM) entregó los estudios geológicos y declaró un Área de Reserva Especial (ARE) —figura que beneficia a los trabajadores que logren comprobar labores antes de agosto de 2001 y quieran continuar con la actividad pero en el marco del cumplimiento de las normas para la explotación del recurso— que beneficiara a más de 600 familias de la zona.
Según la entidad, Lenguazaque es el tercer productor de carbón en Cundinamarca, con una participación que supera el 15%. Siendo el carbón coque, utilizado en la industria siderúrgica, el que más provee la región.
Entre otros, este proceso garantizará que luego de que entre en funcionamiento la licencia, en menos de un año, cuando sean presentados y aceptados el Plan de Trabajo y Obras y el Plan Ambiental, las personas de la región puedan explotar las minas durante las próximas tres décadas.
“Para nosotros es muy importante la entrega de los estudios, porque se van a ver favorecidas entre 15 y 20 minas que no se han podido formalizar y tienen deficiencias de organización y técnicas. Los trabajadores van a poder afiliarse a la seguridad social. También nos va a ayudar al mercadeo del producto, porque se pueden firmar contratos y comercializar directamente”, asegura Gonzalo Cuevas, representante de la Asociación de Mineros del Espinal S.A.S.
Este proceso es una de las medidas con las que el Gobierno Nacional quiere combatir uno de sus dolores de cabeza pues, en el caso de Cundinamarca, según el censo minero del departamento, la actividad se divide en partes iguales entre quienes trabajan bajo una licencia y quienes no la tienen.
El gobernador del departamento, Álvaro Cruz, dice que “las personas que son informales deben entrar en un proceso de formalización acompañado por el Gobierno para ser capacitados, se debe mejorar las condiciones de salubridad (de los mineros), no promover el trabajo con niños y lograr que estas personas se afilien a los riesgos profesionales”.
Uno de los grandes beneficios para las comunidades radica en que, por medio de asociaciones, podrán firmar contratos directos y podrán prescindir de la participación de intermediarios, que en algunos casos, dice Cuevas, son quienes manejan los precios. Una tonelada de este producto puede costar entre $50 mil y $80 mil en boca de mina.
En este tipo de actividades los riesgos ambientales siempre son latentes, por lo que el gobernado del departamento asegura que “en todos los municipios donde se está haciendo explotación hay problemas ambientales, porque no se cumplen con las normas de emisiones establecidas y se contaminan las aguas”.
Actualmente hay 22 ARE declaradas en el país, siendo Cauca el departamento con mayor número en funcionamiento. Mientras que las solicitudes superan las 60, con Antioquia como el departamento que más ha hecho.
“O les damos un camino para que entren en la legalidad, o igual van a seguir haciéndolo, porque es una actividad en la que llevan mucho tiempo trabajando”, aclara Natalia Gutiérrez, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.
Fuente: Elespectador.com