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Minería
Martes 22 Marzo 16:35
Perú: recibieron 208 millones por aporte generado por la minería el 2015
El monto por concepto de derecho de vigencia y penalidad se incrementó en 15% frente al 2014 (S/.181 millones).
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Regiones recibieron S/.208 millones por aporte generado por la minería el 2015

El monto por concepto de derecho de vigencia y penalidad se incrementó en 15% frente al 2014 (S/.181 millones).

Arequipa lideró las recaudaciones con un 12.48% del monto total o S/.25.9 millones, seguida por Cajamarca, que recaudó S/.17.6 millones, que representa el 8.47%. Sigue La Libertad con S/.16.3 millones o 7.84% del total, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este aporte “viene registrando un crecimiento continuo. Así, este monto pasó de S/.90 millones en el 2006, a S/.208 millones en el 2015; es decir, hubo un incremento de 131% en los últimos 10 años”, informó Marcos Villegas, titular de la Dirección General de Minería del MEM.

Existen 43,603 derechos mineros vigentes a diciembre de 2015, que representan una extensión de 18.2 millones de hectáreas (14.2% del territorio nacional), según estadísticas del MEM. El pago por Derecho de Vigencia y Penalidad corresponden al pago por mantener vigentes estas concesiones mineras que ocupan ese 14.2%.

El 1.22% del territorio peruano está en efectiva actividad minera (explotación, exploración, construcción, etc), mientra el 64% del territorio nacional corresponde a áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, áreas de defensa nacional, zonas urbanas, étc, por lo que está restringida para la actividad minera.

Los titulares mineros están obligados al pago de una penalidad por incumplimiento si luego de un plazo determinado por ley, no realizan actividades de producción o inversiones en la concesión otorgada.

Con este pago, los titulares mineros mantienen vigentes las concesiones mineras otorgadas por el Estado.

Esto faculta a las mineras a desarrollar actividades de exploración y explotación posteriores siempre que cumpla con obtener los permisos y cumplir regulaciones ambientales y sociales vigentes que exige el Estado.

 

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