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La multa ambiental más cara de Neuquén aún no se pagó
A un año y medio del derrame de residuos petroleros en el Parque Industrial, la empresa de remediación Indarsa no pagó un solo peso de la multa de 2,1 millones de pesos que le impuso el Estado.
La sanción ambiental más alta de la historia de la provincia quedó envuelta en un proceso de apelaciones administrativas que podría terminar en los próximos días, siempre y cuando la empresa no la lleve a la esfera judicial.
El 28 de octubre de 2014, el predio amaneció con un machón de hidrocarburos de 15 por 8 metros. Provenía de una instalación precaria y no declarada de la firma Indarsa, según constató la por entonces Secretaría de Estado de Ambiente, conducida por Ricardo Esquivel.
Según el organismo, no se trató de una contingencia sino de una negligencia. Aseguran que por el exceso de material a tratar –en este caso, fondos de un tanque con hidrocarburos–, realizaron un piletón con una retroexcavadora para arrojar el excedente. El mismo cedió ante la presión y provocó el derrame.
La empresa apeló en reiteradas ocasiones la norma, y aseguró que se trató de “una situación no deseada y accidental” y que “no hubo incumplimiento de las normas establecidas por la autoridad ambiental”.
Negó incluso el impacto en la flora y fauna del lugar, aunque las fotos de un perro empetrolado recorrieron los medios de todo el país.
La vía administrativa quedó cerrada con un decreto que se firmó la semana pasada. La empresa debe ahora pagar o pagar, salvo que apele al Superior Tribunal de Justicia. Así lo explicó a “Río Negro” el fiscal de Estado, Raúl Gaitán.
La otra discusión que se abre es si corren o no lo cuantiosos intereses que estipula la ley provincial.
“Corren desde el momento que se notificó la multa, más el interés judicial, en caso de que se ejecute judicialmente. El cobro se hace por un proceso ejecutivo, muy sencillo”, sostuvo el fiscal de Estado
El derrame de Indarsa fue la punta de lanza para la política de obligar a las empresas de servicios ambientales radicadas en zonas urbanas a relocalizarse a 8 kilómetros de los ejidos urbanos.
Pero estas normativas parecen seguir el mismo camino errático de la multa: los procesos de traslados prometidos por el gobierno provincial terminaron en la nada.
Esquivel anunció meses atrás la creación de un denominado Ecoparque que iba a concentrar a estas compañías, pero hay dudas sobre la afectación de tierras y nunca se hizo el estudio de impacto ambiental de las mismas.
Mientras tanto, Indarsa podría mudarse a un predio que posee en el Parque Industrial de Añelo, donde en principio tampoco cumplirían con la normativa ambiental vigente.
En números
$ 2,1millones es el monto que se fijó por los líquidos derramados en la planta de la empresa en el Parque Industrial.
Un negocio en ascenso
La ley 2615 obligó a las empresas a remediar pasivos ambientales, lo que potenció el desarrollo de la industria.
Al menos una decena de empresas se radicaron en distintas localidades de la provincia.
La explotación de Vaca muerta hizo crecer de forma exponencial el material a tratar, lo que dejó a las compañías al límite de su capacidad. (Río Negro)