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"No me consta"
Héctor Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina, y Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aseguraron ante la Justicia que no les consta que se hayan pagado coimas durante el kirchnerismo para obtener contratos de obra pública. Dieron marcha atrás, así, con sus dichos a la prensa.
Habían asegurado a distintos medios habían admitido la existencia de sobornos y pagos adelantados a Lázaro Báez.
Al declarar como testigo en la causa que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario de Obras Públicas López, el ex titular de la UIA negó sus dichos acerca de la existencia de un entramado de corrupción en torno a la obra pública durante la gestión kirchnerista al señalar que “ninguna de las empresas industriales” que forman parte de esa entidad “participó como contratista del Estado” y que él mismo tampoco había participado de “ningún negocio con el Estado”.
“Hice un comentario general. Realicé declaraciones en un tema que era de dominio público”, aseveró Méndez ante el fiscal Federico Delgado sobre las afirmaciones que había realizado en distintos medios periodísticos luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas.
En ese marco, remarcó no haber participado personalmente de “ningún negocio con el Estado”, como así tampoco “ninguna de las empresas industriales que forman parte de la UIA”.
Sin embargo, afirmó, aunque sin aportar pruebas al respecto, que existía un “tácito pacto de silencio” por el cual "nadie investigaba ni preguntaba cuál era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos", con lo cual "cada compañía maneja su silencio con el Estado".
Por otro lado, sostuvo que, cuando en declaraciones periodísticas había señalado que él también había sido “cómplice de muchas cosas”, se había referido, en verdad, al "destrato" y al "avasallamiento" del sector industrial por parte de “los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
“Tenían actitudes que parecía que avasallaban al sector industrial y yo las tuve que soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados”, aseveró Méndez al declarar como testigo en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
Allí, remarcó que “ninguna de las empresas industriales" que forman parte de esa entidad "participó como contratista del Estado" durante la gestión del Frente para la Victoria.
Ya fuera del despacho y en declaraciones a la prensa, Méndez consideró que, si hubo delitos, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, "no podía hacerse el desentendido".
Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción consideró que, luego del cambio de gobierno, se dijo que empresas del detenido Lázaro Báez cobraban antes que las demás y tenían anticipos de obra, mientras que el resto arrastraba deudas con siete meses de retraso.
Sin embargo, al igual que lo hizo luego Méndez, negó saber algo sobre pago de retornos para la adjudicación de obras públicas.
"No soy yo ni la Cámara Argentina de la Construcción la que tiene esa información", dijo Chediak ante el fiscal Federico Delgado en el quinto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py.
En tanto, en relación a sus dichos periodísticos, por los cuales fue citado a prestar declaración testimonial, Chediak aclaró que lo que dijo sobre el conocimiento de los hechos por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el detenido ex secretario de Obras Públicas, López, se refirió a la existencia de la deuda con los contratistas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
En este sentido, Chediak aludió a una deuda por parte de Vialidad por 11,5 millones de pesos entre el 2007 y 2015.