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Defensores del Pueblo pidieron un cuadro energético adecuado a cada región
Se reunieron en un plenario nacional en Corrientes, al que asistieron defensores de todo el país. El ombudsman de Posadas, Alejandro Cohen, formó parte de la actividad en la que se ratificó el rechazo al tarifazo energético dispuesto por el gobierno nacional. “En Posadas, como en toda la provincia y el NEA al no haber gas natural, dependemos exclusivamente de la electricidad, por lo que no se pueden comparar los consumos con el de otras regiones, y por ende también es necesario ampliar para esta zona la tarifa social”, explicó Cohen, tras el encuentro.
“Hay situaciones muy dispares en todo el país respecto al uso de la energía eléctrica, en Posadas, como en toda la provincia y el NEA al no haber gas natural, dependemos exclusivamente de la electricidad, por lo que no se pueden comparar los consumos con el de otras regiones, y por ende también es necesario ampliar para esta zona la tarifa social”, explicó Cohen tras el encuentro. En ese sentido, señaló que las estimaciones realizadas durante el plenario fue de que en la región el consumo promedio tanto en invierno como en verano es de aproximadamente 1.000 kilovatios por familia, “por lo que instamos a la Nación para que la tarifa social en nuestras provincias contemple consumos de hasta 500 kilovatios por familia, siendo que actualmente sólo alcanza a los 300kv”, remarcó.
Desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADAPRA), insistieron en cuestionar la forma en que el Ministerio de Energía de la Nación implementó el aumento de las tarifas y sentenciaron que “el nuevo cuadro tarifario adolece de deficiencias tanto en lo normativo como en el reconocimiento de realidades regionales económicas y sociales”. A través de un documento, reafirmaron el reclamo al Ejecutivo nacional para que cumpla con la realización de las Audiencias Públicas, en las cuales el Gobierno “detalle el cuadro de situación energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de Estado de cara al futuro, la definición de las tarifas y de la tarifa social ampliada, incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma, la consideración de las economías regionales, la situación de las Pymes -generadoras del 70% del empleo en la Argentina-, la progresividad y la razonabilidad en los aumentos”.
Por otra parte, ratificaron que, si la Nación convoca a Audiencia Pública, participarán con una postura común, y “detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios”. La carta documento enviada al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el defensor del Pueblo de Posadas, Alejandro Cohen, fue la primera medida legal presentada a nivel nacional, la cual fue seguida por una serie de acciones judiciales desde distintos organismos en todo el país, incluso la presentación ante la Corte Suprema de Justicia por parte de ADPRA, en la cual exponen los argumentos que fundamentan la irregularidad del “tarifazo”.
En el documento final, tras el plenario, manifestaron que “los Defensores del Pueblo de la Republica Argentina tenemos la obligación de transmitir certeza, equilibrio y responsabilidad en nuestro accionar, pero fundamentalmente un absoluto compromiso social, de la misma forma que el Estado como ordenador social debe proteger a los sectores más vulnerables, llevando respuestas ante la crisis energética y brindando certeza a los argentinos, porque hoy cada vecino no sabe qué debe hacer ante estos aumentos”. “Vemos con absoluta preocupación la postura de algunas empresas energéticas que anuncian cortes de servicio, amparados en la falta de aumentos por las resoluciones judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares”, sostienen en el documento y agregan que “lo consideramos una amenaza sobre los usuarios, por lo que rechazamos esas expresiones, que desconocen a los servicios de energía como derechos humanos básicos, y de efectuarse un corte por parte de las empresas, será denunciado por las Defensorías ante la Justicia”.
Finalmente, enfatizaron en “nuestro compromiso con la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas, la consideración de las economías regionales, el sostenimiento de las Pymes, la tarifa social con base ampliada y de posibilidad de acceso automático con criterios idénticos tanto en agua, como en luz y gas, además de la progresividad y la razonabilidad de los incrementos”. (Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo de Posadas)
Fuente: http://misionescuatro.com/