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Desde diferentes sectores y distritos bonaerenses se vienen denunciando paralizaciones en diferentes Programas y Proyectos que se venían desarrollando en la Provincia. Algunos de ellos vinculados a la salud, al acceso a la vivienda o la educación., sumamente necesarios para el desarrollo de los ciudadanos del territorio. Algunos de los motivos de las paralizaciones sería económicas, mientras que otras políticas.
Centros de Desarrollo Universitario Regionales
En septiembre de 2013, se anunció desde el Senado la creación de los Centros de Desarrollo Universitarios Regionales (CDUR), que funcionarían en cada una de las localidades.
La política tenía varios objetivos; sin embargo, los primordiales se correspondían con el fomento del arraigo de los jóvenes con los municipios, evitar el traslado a las grandes ciudades y dotar de mano de obra calificada a la producción local para favorecer el terreno a la llegada de inversiones y así impactar de lleno en el Producto Bruto Interno de los distritos. Para ello, articuladamente, los tres estamentos del Estado: Nación (Secretaría de Políticas Universitarias y Ministerio de Educación), Provincia (Senado) y Municipios, negociaban con diferentes universidades, públicas y privadas, para consolidar la instalación de carreras de grado en todas las comunas del territorio bonaerense.
Si bien el Senado no realizaba una erogación presupuestaria, funcionaba como punto mediador entre los participantes de la iniciativa, y desde los municipios lo señalaban como un actor fundamental. No obstante, según desde enero de este año, la oficina de la Cámara alta, en la que se desempeñaba Marina Paulozzo, coordinadora de los CDUR, no ha sido ocupada por nadie, y la iniciativa quedó congelada.
En ese marco, la misma Paulozzo, manifestó al portal La Tecla que “dejamos a disposición un informe muy completo de lo que se había hecho y lo que había que continuar; nunca nadie se acercó, ni siquiera a preguntar”. Además detalló que al finalizar la gestión, cerca de unos veinte centros se encontraban en funcionamiento curricular, mientras que la misma cantidad se encontraba en proceso de estudios para implementar o no el proyecto.
Conforme a lo expresado por fuentes que participaron del proceso de creación de los CDUR, la no continuidad del plan “es una picardía, una falta de comprensión”. No obstante, aducen la principal responsabilidad de la discontinuación al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Políticas Universitarias, organismos que se encargaban de la financiación de las carreras. “Si el Senado no tiene el auxilio del Ministerio de Educación de la Nación, va a ser muy difícil que se pueda sostener”, aseveraron.
Los CDUR buscaban ser un eje fundamental para el fortalecimiento de la producción local atendiendo las necesidades de cada región. Sin embargo, el plan educacional no se ubicó entre los puntos prioritarios de la actual gestión de gobierno, y desde hace ocho meses, ningún funcionario toma la posta para profundizar la implementación de las dependencias.
Centros de diálisis
Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y provincia de Buenos Aires (ARD) denunciaron que ochenta y cinco centros que nuclea la Provincia dejarán de prestar servicios de diálisis por la deuda que mantiene el Ministerio de Salud.
Según información suministrada por la ARD, la cartera que encabeza la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortíz, no paga las prestaciones de diálisis desde enero de 2016, por lo que los últimos siete meses los centros tuvieron que auto financiarse para poder atender a sus pacientes. Además, el sector enfrenta un déficit del 40% en el valor del módulo de diálisis, que en 2016 se vio afectado como nunca antes por la devaluación y la inflación sostenida.
Como consecuencia de esta situación, la ARD como representante de los centros afectados, pidió reunirse con la ministra pero no obtuvo respuesta. También, los centros enviaron cartas documento informando el inminente cese de servicios, denunciando a los funcionarios por incumplimiento de deber y abandono de persona.
“Si bien los centros no cobraron un peso en todo el año, continuaron brindando las prestaciones. Sin embargo, la situación de asfixia financiera y económica (a través de la falta de pagos y el atraso en el valor de las prestaciones) lo hace insostenible. Hemos pedido reuniones pero las autoridades hacen oídos sordos. No podemos estar en un país que promueve un nuevo programa de salud, pero no paga a los prestadores que tienen actualmente. Y como siempre, los damnificados son los pacientes de bajos recursos” afirmó el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD.
La hemodiálisis, es una de las modalidades de tratamiento de la insuficiencia renal en su estadio más avanzado y es una práctica que necesariamente deben efectuar los pacientes afectados, que insume de 12 a 18 horas semanales repartidas en tres sesiones. No es posible suspender o postergar las sesiones, ya que de ellas depende el mantenimiento del estado de salud de los pacientes. La interrupción del tratamiento ocasiona complicaciones de suma gravedad que pueden causar la muerte en cortos plazos de tiempo.
Procrear
Vecinos de diferentes distritos de la provincia denunciaron que el programa de desarrollo urbanístico PROCREAR, está paralizado y que no obtienen respuestas ni del gobierno nacional ni del Banco Hipotecario. Senadores del FPV, también denunciaron el freno de las obras.
Uno de los distritos emblemáticos es San Nicolás. Donde estaba pesando un plan que en una primera etapa incluía la construcción de 714 viviendas, y en una segunda etapa se construirían 300 viviendas más. Hoy el programa está paralizado, con la consecuente crisis en el sector de la construcción.
Al respecto, se manifestó la senadora bonaerense del Frente para la Victoria, Cecilia Comercio, quien sostuvo que “se pasó de un espacio repleto de trabajadores construyendo casas a un predio abandonado con las viviendas sin terminar y en el que sólo hay personal de seguridad privada”.
“En San Nicolás hay 714 familias que accedieron legítimamente a su vivienda, mediante un sorteo público y transparente. Hoy están sometidos a una situación confusa, en la que ni el Estado Nacional, ni el Banco Hipotecario y ni las autoridades locales les dan una respuesta concreta”, detalló Comercio.
En la misma línea, la legisladora provincial remarcó que “es muy triste ver que un cambio de gobierno deja los derechos y el sueño de la casa propia postergados y sin respuesta”, ya que, agregó. “lo único que exigen los beneficiarios es saber cuándo se van a finalizar las viviendas”.
El proyecto de desarrollo urbanístico en San Nicolás era uno de los más ambicioso del país, dado que estaba planificado la construcción de más de 1000 viviendas, concretando de esta manera el acceso a la vivienda propia.