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Hace unos días, el portal bahiense La Brújula 24 dio a conocer la existencia de diez testaferros que Juan Ignacio Suris utilizaba para lavar dinero proveniente de la droga y la facturación apócrifa.
Los testaferros Rogelio Alberto Chanquía, Alejandro Padeletti, Fabio Héctor Crucianelli, Sánchez Víctor Mauricio, Guillermo Martín Suris, Paula Wagner, Mirta Olga Contreras, Raúl Edgardo Oyola, Ignacio Javier Rodríguez y Ezequiel Ferrari Reynoso, son quienes habrían intervenido en las etapas más riesgosas del proceso de lavado, es decir, en la colocación y la diversificación.
El testaferro (titular nominal de los fondos) está sometido al control del verdadero titular, ya sea directamente o a través del lavador/organizador, como sucede con las personas mencionadas. A continuación la participación de cada uno de los testaferros en detalle:
Rogelio Alberto Chanquía, contador de tres de sus sociedades, le extendió cédula azul para conducir el rodado Mitsubishi dominio LAM 046, sobre el cual Suris contrató una póliza de seguros en Berkley Internacional de Seguros sobre ese vehículo en 2012, lo que hace presumir que el goce del mismo se encontraba en la cabeza de Suris.
Alejandro Padeletti, durante noviembre de 2012 autorizó a Juan Ignacio Suris y Paula Wagner para la conducción del Volkswagen dominio LSM 701. Durante ese período, Padeletti no contaba con recursos declarados para tal adquisición.
Fabio Héctor Crucianelli autorizó -el 3/9/2009- a Juan Ignacio Suris a conducir el Mercedes Benz dominio FZL 698. Al respecto de este individuo, la UIF destacó que surgió un ROS por haber recibido en el Citibank 84 depósitos en efectivo en su cuenta corriente, desde octubre de 2010 hasta abril de 2011 por una suma total de 504.801 mil pesos, no aportando documentación suficiente y consistente.
Sánchez Víctor Mauricio se encuentra investigado por lavado de activos. La UIF indicó que el Banco Santander reportó al nombrado por recibir depósitos en su caja de ahorros desde enero de 2013 hasta abril de 2014 por 2.341.694 de pesos, no aportando documentación respaldatoria suficiente. A su vez, se constató que registró por lo menos doce unidades, sin poseer capacidad económica para tales compras, esto es, Peugeot Sedan dominio INH 676, Ford Fiesta dominio MHV 976, Ford Focus dominio JQI 198, VW Bora dominio KLL 849, Fiat Siena KIC 045, VW Voyage JJO 066, Chevrolet Corsa GDW 149, Fiat Uno dominio HJK 489, Fiat Siena dominio HAF 489, Renault Megane dominio DAK 685.
Otro de los testaferros es Guillermo Martín Suris, hermano de Juan, quien registró gran cantidad de vehículos: Volkswagen Bora dominio JNT 607, Peugeot 207 dominio LEK 083, Peugeot 206 dominio ECU 291, Audi Sedan dominio DTW 314, Fiat Uno dominio BWU 717, Volkswagen ENP 606. Informe DNRPA de fs.819, dominio WPF 728. Esta persona no pudo justificar con actividad lícita alguna los vehículos registrados.
Paula Wagner, pareja de Juan Ignacio, registró una pluralidad de vehículos, sin capacidad económica lícita para tales adquisiciones, como ser, Chery Sedan dominio LBZ 778, Peugeot Sedan dominio FZN 038, Mercedes Benz dominio DJE 184, Audi Sedan dominio CMN 565.
Mirta Olga Contreras registró el BMW Z4 dominio HIM 670 así como el inmueble de calle Thames 2118 de Buenos Aires sin demostrar ingresos que le permitan realizar dichos gastos, mientras que Raúl Edgardo Oyola no justificó la adquisición del vehículo Chrysler dominio EVP 497.
Los últimos dos implicados son Ignacio Javier Rodríguez y Ezequiel Ferrari Reynoso. El primero no tuvo ingresos como comerciante ni como empleado en relación de dependencia registró los rodados Mitsubishi L200 3.2 dominio LDW 088, y dominio NZA, como tampoco la adquisición de los inmuebles ubicados en calle Pasaje Ranqueles 885 y Balboa 2839, ambos de Bahía Blanca. Por su parte, el segundo registró la propiedad que se desprende del informe DNRPA a fs. 796, 824, dominio VLW 136.
Según trascendió, Juan Suris sería citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva causa, allí quedará formalmente acusado y tendrá derecho a dar su versión de los hechos. Esta causa, también podría ser motivo que determine su detención, más allá de que ya se encuentre privado de su libertad.
A principios del mes pasado, la Cámara de Casación Penal de la Nación que integran los jueces Eduardo Rafael Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani, anuló el fallo absolutorio que recibieron Juan Suris y los integrantes de una supuesta banda, acusados de vender droga en Bahía Blanca y la zona.
Para los jueces de Capital Federal, la resolución del tribunal Oral en lo Criminal Federal, que liberó de culpa y cargo a Suris y otros diez imputados, fue injusta, y ordenó la realización de un nuevo debate oral con otros jueces.
Quienes están acusados de asociación ilícita junto a Suris, además, podrían ser citados a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero: Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Eduardo Suris, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga.
"Queremos que el juicio por narcotráfico se realice lo antes posible"
En declaraciones a La Brújula 24 FM 93.1, el fiscal Antonio Castaño se refirió al avance de la investigación respecto a los "prestanombres" que comprometen aún más la situación de Juan Ignacio Suris: "Con todas las causas acumuladas, las penas que podrían recaer sobre Suris son importantes. Cuando hablamos de asociación ilícita estamos en el rango de los 3 y 15 años, según establece el Código".
Asimismo, en referencia a los tiempos de la Justicia, que han dilatado algunas definiciones, Castaño sostuvo: "No desconocemos la demora en la realización de los juicios. Veremos qué ocurre cuando se planteé la propuesta de la liberación, nosotros manifestaremos nuestra postura en el marco de lo que la Ley establece. La resolución de Casación llegó bastante rápido si lo comparamos con otras causas que prescriben. Queremos que el juicio por narcotráfico se realice lo antes posible y sean condenados".
Por último, el fiscal federal señaló que a las conclusiones que incriminan a Suris y la existencia de testaferros se arribó mediante informes de ARBA, de personas jurídicas de la Provincia, de ANSES, de AFIP, del registro automotor, entre otros. Además las pericias contables y los informes hasta de la Procelac también contribuyeron a la investigación.