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Apenas un consejo: el atajo de Laura Alonso para evitar la denuncia penal contra Aranguren
Por Federico Dalponte.
Como si se tratara de una recomendación previa a la asunción del gobierno, Laura Alonso optó por explicar cómo deben evitarse los conflictos de interés. Se refirió a la ética, a la imagen pública, a la confianza; nunca a la posible comisión de un delito.
“Recomendar al Ing. Juan José Aranguren que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o adopte alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de administración y disposición)” -dice textualmente la resolución-.
Párrafo aparte, por cierto, merece la inocente recomendación de constituir un fideicomiso ciego. Si el ministro no vende sus acciones, el conflicto de interés subsiste. Una decisión suya beneficiando a la petrolera le hará ganar millones, independientemente de quién administre su patrimonio.
Sea como sea, en líneas generales eso fue todo lo que el organismo concluyó: una suerte de modus operandi para evitar acusaciones futuras. Sobre las denuncias puntuales que ya pesan sobre el ministro, Alonso adujo no contar con suficiente información al respecto.
Para ello, entonces, derivó las actuaciones a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un órgano asesor del presidente que nunca, en sus dos décadas de historia, tuvo un peso institucional gravitante. La SIGEN, en todo caso, efectúa recomendaciones, ése es su rol, pero siempre en la línea de los deseos presidenciales.
Si verdaderamente la Oficina Anticorrupción (OA) tenía la intención de despejar las dudas, debió haber llevado la investigación a la Justicia. No por un acto de demagogia, sino porque es la solución que da su decreto de creación.
Ya hay abiertas dos causas contra el ministro, se dirá, y es cierto. Pero la presentación del organismo como querellante en el proceso penal es siempre una posibilidad. Lejos de eso, esta rara función de apañamiento oficial inaugurada por Alonso es una verdadera innovación.
Los delitos obviados, la responsabilidad manifiesta
Es deber de la Oficina Anticorrupción “denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos”.
«Delitos», se sabe, son los descriptos por la legislación penal. La titular del organismo, en cambio, optó por centrarse en los parámetros generales de la «Ley de ética en la función pública» y así evitar cualquier imputación seria contra Aranguren.
“No se excluye -señala sin embargo en su dictamen- que (…) se presente la comisión de una negociación incompatible, o tráfico de influencias, o uso indebido de la información, con sus respectivas consecuencias penales”. Un vago intento por salvar su honor.
Podrá ella decir, con cierto criterio, que en rigor el decreto que regula sus competencias no establece que denunciar sea una obligación. Y eso es verdad. Pero sí lo dispone el Código Procesal Penal. Para más datos: artículo 177º, inciso 1º.
Laura Alonso debió denunciar al ministro de Energía. No hay mucha excusa. Como consecuencia de su investigación, conoció hechos pasibles de sanción penal. Ella no lo sabe a ciencia cierta. No tiene por qué. Pero la sola sospecha de que “pudieren constituir delitos” le deja habilitado el camino a tribunales. Y si se quiere, aun más: no denunciar la hace merecedora también de reproche penal.
Nadie crea que la funcionaria, por la naturaleza de su cargo, se halla exenta de responsabilidad. Alguien debe controlar al controlador. Basta recordar que uno de los que firmó la creación del organismo fue Mario Pontaquarto, apenas un año antes de repartir coimas en el Senado.
La remisión del entuerto a la SIGEN constituye, en todo caso, una salida provisoria con más tinte político que técnico. Un atajo elegante, bastante discutible. Por eso Federico Pinedo tampoco perdió tiempo en apoyar en público la solución hallada. Vender las acciones, aparentar ecuanimidad, terminar la polémica.
En el medio, bajo la gestión de Aranguren, sorpresivamente la compañía mixta que administra el mercado eléctrico mayorista le adjudicó la contratación de siete barcos de gasoil -de los ocho licitados- a una subsidiaria de Shell. Al mismo tiempo, se investiga la compra de gas a Chile por un precio más alto que el boliviano, donde British Gas, dependiente de Shell, también pudo haber sido beneficiada.
Nada es casualidad. Lejos de ser un golpe al ministro, el dictamen de la OA deja más dudas que certezas. Si habiendo sido investigado, nadie puede asegurar que cometió una falta grave, resulta raro que se le pida vender sus acciones sólo por una cuestión de imagen. Si ése fuera el caso, por imagen ya debería haber renunciado más de un funcionario.
Algo no cierra. En el fondo parece haber bastante más. Una especie de reproche tibio, pactado, con el objeto de que Aranguren no vuelva a cometer en el futuro el mismo burdo delito. @fdalponte
Fuente: https://notas.org.ar