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Esta semana se dio a conocer la sentencia del juez Claudio Brun, en la cual, durante el ciclo lectivo, prohíbe las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a dos kilómetros de distancia, y las terrestres a un kilómetro, de la Escuela Rural Martín Fierro, en Coronel Suárez.
A pesar de que en el fallo es juez plantea que “del estudio de la profusa prueba documental aportada no resultan indiscutidas las consecuencias nocivas por la aplicación de agroquímicos en la salud de las personas” y que el tema es objeto de debate a nivel global, señala que “para decidir ha de tenerse en cuenta que en materia ambiental cobra relevancia el principio precautorio”.
En su fallo definitivo, Brun resuelve “tomar las medidas atinentes a impedir el eventual perjuicio, dado el carácter transcendente de los bienes jurídicos protegidos, como la protección de la vida e integridad de la vida humana -presente y futura- y la conservación del ecosistema”.
Según recuerda Agencia DyN, la preocupación por la fumigación con agrotóxicos en terrenos linderos a escuelas rurales de Coronel Suárez comenzó hace alrededor de seis años, y en 2014 dio lugar a una denuncia judicial. La primera impulsora fue la entonces directora de Escuela Rural Martín Fierro, Elisa Löffler.
“Dos veces por año fumigaban en el campo lindero. Tiene un olor terrible, afecta las vías respiratorias inmediatamente. Al otro día tenés todo quemado: donde cayó el agrotóxico, donde el viento lo llevó, no hay más vida. Se quema el pasto, las hojas”, describió en diálogo con Política Argentina, la docente jubilada a causa de una enfermedad crónica que podría estar relacionada con la contaminación.
Tras la denuncia de Löffler, el entonces director de Ambiente de Coronel Suárez, Emanuel Garrido, impulsó una investigación y reunió pruebas que permitieron abrir el expediente judicial, que ahora tuvo sentencia favorable. “El mismo día que se presenta en la Justicia de Bahía Blanca, me echan. Ya hace dos años. La misma mañana me llamaron y me avisaron que en diez días me quedaba sin trabajo”, sostuvo Garrido en diálogo con el portal ADN.
Si bien Garrido afirma que el fallo es “un gran paso”, anticipó que será apelado porque se pretende una prohibición total, no sólo para los días de clases: “Queremos que no haya agrotóxicos porque no pueden acreditar la inocuidad de la actividad. Más en esa zona, donde hay mucho viento”.
Además de las organizaciones ambientalistas y la directora de la escuela, la denuncia también había sido impulsada por madres de los alumnos que estudiaban y jugaban a metros de las fumigaciones con agroquímicos.
El distrito de Coronel Suárez se convirtió en un caso emblema en la lucha contra los agrotóxicos, pues el estudio impulsado por Garrido mostró que 23 escuelas eran rociadas con plaguicidas por lindar con campos sembrados. El año pasado, la Justicia hizo lugar a una cautelar en resguardo de los chicos de una escuela y esta semana, llegó el fallo definitivo.