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Durante el encuentro consideraron oportuno efectuar algunas reflexiones tendientes a fijar posición y movilizar acciones conducentes a mejorar las condiciones de la seguridad pública, que la gente reclama y que reconocen en su responsabilidad interpretar.
En tal sentido, los jefes comunales expresaron: “Tenemos un estricto respeto por la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías constitucionales, que comprenden también la libertad de expresión como derecho fundamental. En este marco, sin intentar impartir un mandato a los legisladores ni interferir en la independencia judicial, tenemos que advertir sobre las dificultades que observamos en la búsqueda de una sociedad más segura donde el vecino se sienta protegido, malestar que éste nos transmite y que nos vemos en la obligación de difundir y en alguna medida aliviar” manifestaron en su declaración conjunta, que publican los diarios de la región, El Mensajero de la Costa y Opinión de La Costa.
Además, aseguraron que “el sistema judicial argentino necesita reformas profundas y de largo alcance, a cuyo estudio y concreción deben abocarse los legisladores”.
Pero consideraron que aún antes de producidas las reformas anheladas “tanto el ministerio público como la administración de justicia, pueden mejorar su producción asumiendo con mayor responsabilidad la tarea que le ha sido confiada”.
Asimismo afirmaron el desaliento que causan las negativas cuando los pedidos de allanamiento o privación de la libertad están suficientemente fundamentados y el Juez de Garantías los deniega.
“Lamentablemente esta situación se da en nuestro departamento judicial con más frecuencia de lo esperable y cuando se produce una aprehensión difícilmente es seguida de una detención, porque se ordena inmediatamente la libertad”.
“La famosa puerta giratoria del que todo el vecindario habla al calificar la impunidad que caracteriza nuestro sistema penal”.
“La realidad nos indica que aunque se avance en medidas de seguridad para prevenir y desalentar la comisión de delitos, se producen muchos más hechos que los tolerables y muy pocos son esclarecidos”.
“Deseamos fervientemente reducir las tasas delictivas, principalmente a través de la prevención social y la educación, mediante políticas públicas de seguridad de contenido democrático y respetuosas de los derechos humanos institucionalizados por los tratados internacionales, contando en ese marco con una legislación penal que sea efectivamente aplicada por la justicia, respetando las garantías constitucionales y sin otorgar a nadie impunidad. Entre todos podemos lograrlo, asumiendo cada cual su respectiva responsabilidad, pero colaborando cada uno desde la función asignada para alcanzar en materia de seguridad pública este objetivo superior de carácter común que debiéramos compartir.
Por otro lado en la declaración aseguraron que “sabemos de la preocupación presidencial por el problema de la inseguridad, a la que ha reconocido no sólo como la principal demanda social, sino como un problema concreto a encarar utilizando todos los medios y fuerzas federales”.
En el orden provincial, destacaron la valentía de la gobernadora, María Eugenia Vidal, para encarar decisiones difíciles, como fue la profunda depuración de la policía bonaerense que se está llevando adelante para devolverle confiabilidad y erradicar toda posibilidad de connivencia con el delito.(InfoGEI)