El jurista principal del caso contra Chevron: Pablo Fajardo
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Las víctimas de los efectos de la contaminación causada por la petrolera estadounidense Chevron en Ecuador, junto a sus abogados, instaron nuevamente este viernes a los accionistas de la empresa a hacerse responsables de los daños ambientales y humanos que han cometido.
El jurista principal del caso contra Chevron, Pablo Fajardo, aseguró que en los lugares donde la corporación se encuentra ha cometido crímenes ambientales, violación de derechos humanos y de ecosistemas.
Para documentar sus acusaciones, Fajardo presentó un mapa de conflictos ambientales con 30 comunidades de los cinco continentes afectados, desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona y otras instituciones.
De acuerdo con el abogado, en este día pretenden enviar, por tercer año consecutivo, un mensaje a la empresa sobre el descontento mundial por su accionar irresponsable.
“Es hora de que Chevron asuma la responsabilidad y no siga enriqueciéndose a costa del sacrificio humano y ambiental”, aseveró Fajardo.
La petrolera Texaco, fusionada a la Chevron en 2001, explotó hidrocarburos de 1964 a 1992 sin cumplir con las normas mínimas ambientales exigidas a esa industria.
Dos millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana están afectadas y miles de personas iniciaron hace más de dos décadas una intensa lucha para que Texaco Chevron pague una indemnización, que -según los expertos- nunca va a compensar los daños y las vidas perdidas.
En 2011 un tribunal ecuatoriano determinó la responsabilidad de Chevron en la contaminación ambiental en la Amazonía de ese país, y ordenó a la empresa a pagar miles de millones en concepto de indemnización.
En 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratificó el fallo del tribunal inferior y estableció la remuneración de 9.5 mil millones de dólares, sin embargo, Chevron se ha negado a pagar, y como resultado los demandantes se han visto obligados a buscar medidas para hacer cumplir la sentencia.
Texaco, adquirida por Chevron en 2001, llevó a cabo la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990, y arrojó más de 16 millones de galones de petróleo y residuos tóxicos como una medida de ahorro.