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Los panelistas fueron la periodista, escritora e investigadora Stella Calloni, la diputada por el Frente Amplio de Uruguay y nieta del poeta Juan Gelman, que logró restituir su identidad, Macarena Gelman, y el historiador y periodista del diario Página 12, Martín Granovsky. La charla fue moderada por un hombre de la casa, Tristán Bauer.
Para Calloni “el plan nació de la operación Fénix, que los estadounidenses emplearon durante la agresión a Vietnam con fines contrainsurgentes”, y detalló que su objetivo fue “sembrar de dictaduras el Cono Sur”, para lo cual fueron fundamentales, los regímenes de facto que habían asaltado el poder tempranamente en Brasil y Paraguay.
También la escritora contó que para ejecutar sus objetivos, “la CIA y los genocidas emplearon la impunidad y la manipulación de los medios”. Para cerrar, ponderó la lucha de los organismos de derechos humanos que permitieron, entre otras victorias, que se realizase un juicio histórico por el Plan Cóndor.
Por su parte, Macarena Gelman durante su intervención, recorrió los vaivenes que los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado uruguayo tuvieron que realizar en la búsqueda de justicia. “La política de silencio que se instauró en Uruguay a la salida democrática -a diferencia de Argentina, en el que se impulsó el juicio a las juntas, subrayó-, por medio del pacto del Club Naval que derivó en la aprobación de una ley de impunidad, generó que a lo largo del tiempo se consolidase una cultura de impunidad”.
Macarena contó que “en una parte de la sociedad se instaló que nosotros no teníamos derecho a acceder a la justicia, que los crímenes contra nuestras familias y compañeros no ameritaba que sean juzgados”. Explicó que no existía una “conciencia pública” acerca de los costos que había tenido la dictadura para toda la sociedad y no solo para los familiares, y recordó que “el reclamo de justicia estaba considerado una expresión de odio y de revancha que los acusaban de buscar venganza y no justicia”.
Con respecto al juicio oral por el Plan Cóndor, del que ella participó y en el que por primera vez se condenó a un militar uruguayo, con la voz entrecortada por la emoción dijo que “mi mitad argentina estaba muy satisfecha pero mi por otra mitad uruguaya estaba bastante triste, con un poco de pena y vergüenza, porque después de catorce años de causa en mi país la primer condena ocurre en la Argentina”. Para finalizar, recordó que “conocer nuestra identidad es fundamental para construir una sociedad libre y con justicia social”.
En tanto, Martín Granovsky, destacó aspectos centrales del contexto mundial de mediados de la década de 1970: “El plan Cóndor vino a articular y ordenar algo que venía desordenado”.
“Si uno ve la historia de América Latina de 1810 en adelante, lo que hay es una historia de saqueo, salvo un par de periodos excepcionales. El objetivo de los bancos, las transnacionales, las aristocracias locales es la extirpación y la finalización antes de tiempo de los ciclos políticos populares para que la solidez de lo ganado, lo avanzado, no llegue a fructificarse”, detalló el historiador y periodista. A modo de ejemplo, citó el caso brasileño, el venezolano, y el argentino.
Luego de las exposiciones Tristán Bauer abrió el diálogo con el público. Fue allí que Luz Palmas Saldúa, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que fue querellante en el juicio por el Plan Cóndor, destacó mientras los sectores conservadores se refieren a los juicios por delitos de lesa humanidad como acciones de venganza, “lo que demuestran los procesos judiciales y sus sentencias es una reparación para las víctimas y un gran cúmulo de conocimiento, que en definitiva es un aporte a la verdad”.
Del encuentro participaron abogados, querellantes y familiares de las víctimas del Plan Cóndor que participaron del histórico juicio que finalizó a finales de mayo de 2016, con el que se demostró la existencia de la represión coordinada por las dictaduras de la región, y con el que se condenó a catorce ex jefes militares y de inteligencia argentinos –más el uruguayo-, con penas de entre ocho y veinticinco años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad.