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Ibagué será la primera capital colombiana que le consultará a los ciudadanos si desean proyectos mineros en su territorio. La ciudad tolimense siguió el ejemplo del municipio de Piedras, que en julio de 2013 adelantó una consulta popular minera que cerró todas las puertas para futuros proyectos extractivos.
Pese a la oposición del gremio minero y de la Procuraduría, el Tribunal Administrativo del Tolima le dio vía libre a la consulta popular minera en Ibagué. El Concejo de la ciudad ya había aprobado la iniciativa del alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo. Al ser notificado, el mandatario contará con 30 días para convocar a la consulta. La pregunta será la siguiente: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”.
El alcalde fue enfático al señalar que la última decisión la tendrá la ciudadanía: “Nuestro suelo tiene cerca de 40 títulos de AngloGold Ashanti. Tienen licencia pero no hay proceso de explotación. Nosotros hemos sido claros señalando que no queremos que se presente megaminería acá porque afecta ríos como Combeima y Cococora. Queremos que el mismo pueblo decida si quiere o no estos proyectos”.
En efecto, esta semana el Consejo de Estado suspendió los títulos que había solicitado la empresa minera en la zona de influencia de la cuenca mayor del río Coello. Fue suficiente el concepto de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que señala posibles afectaciones ambientales.
Debate por proyectos
En mayo pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, el cual impedía que alcaldes o gobernadores excluyeran títulos mineros de su jurisdicción. De inmediato, la Asociación Colombiana de Minería manifestó su “preocupación por la inestabilidad jurídica que se está presentando en el país y la cual afecta directamente la inversión y el futuro de las operaciones mineras”.
Con esta opinión coincide Hernando Escobar, abogado especializado en derecho minero: “Este no es un tema que se pueda poner en consulta popular. La minería es de interés nacional y el artículo 105 de la Constitución dice claramente que se podrá hacer una consulta popular para asuntos de interés local. Por ejemplo: dónde se va a hacer una vía, dónde se hará un matadero... ¿Se imagina que se le consultara a los ciudadanos si no quieren impuesto a la renta?”.
Para Escobar y otros juristas que trabajan en el sector minero, el Estado debe articular los planes mineros con los municipios y sus respectivos planes de ordenamiento territorial. “Debe haber estudios sociales, económicos y ambientales. Ordenar el territorio de manera planificada”.
No obstante, con el fallo del Tribunal Administrativo quedó demostrado que los ciudadanos sí pueden decidir sobre su territorio. Carlos Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, ha explicado que “todas las competencias relacionadas con la planeación del suelo están en cabeza del alcalde, el Concejo y los ciudadanos, cuando quieran manifestarse”.
Una opinión similar sostiene Ricardo Lozano, director de People and Earth: “La inseguridad jurídica se da cuando los estudios mineros no se hacen de manera juiciosa, sin participación ciudadana y sin tener en cuenta los impactos ambientales de la extracción”.
El Ministerio de Minas, por su parte, le dijo a EL COLOMBIANO que solo se pronunciará cuando conozca la totalidad del fallo, lo mismo hará la empresa Anglo Gold Ashanti. La principal preocupación de los empresarios no está en Ibagué, sino en Cajamarca, municipio tolimense donde está ubicado el proyecto La Colosa, con un depósito cercano a 10.000 millones de dólares. Allí también han intentado frenar la minería a través de consulta popular.
Según el alcalde de Ibagué, este megaproyecto afectará la cuenca del río Coello. Por estos días, con el Concejo y el Tribunal de su lado, considera posible frenar el proyecto: “Ya me he enfrentado a las presiones de la Procuraduría, de los mineros y del Ministerio de Minas”.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/