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El diputado provincial Juan José Mussi presentó esta semana un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el polémico Juez federal de Quilmes Luis Federico Armella, en la cual era investigado por supuestas irregularidades. Esto se da luego de que el magistrado ordenara en los últimos días los allanamientos en los municipios de Florencio Varela y Berazategui.
Según recuerda el diario Infosur, el expediente investigaba irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez, encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, además de ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines y fue sorpresivamente archivada en febrero pasado.
En declaraciones a la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Mussi señaló: “No sabemos cuál es la razón por la cual el Consejo de la Magistratura mandó la causa al archivo, porque era una causa latente, vigente y que no se investigó de todo. Evidentemente el procedimiento del juez Armella es una devolución de favores de carácter político”. El ex jefe comunal de Berazategui presentaría testigos y nuevas pruebas a la causa.
En la mencionada causa se investigaba el dictado de resoluciones por parte de Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes.
En este contexto, Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente -según la denuncia- terminaban beneficiando a empresas supuestamente vinculadas a Armella y su familia.
De acuerdo a un informe confeccionado por la Auditoria General de la Nación las empresas adjudicatarias de las obras contratadas mediante procedimientos abreviados ordenados por Armella, integraban un mismo grupo económico pues se encontraban inter-relacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.
En 2012, luego de comprobar estas irregularidades, la Corte Suprema decidió separar al juez federal Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, el alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
En febrero de este año, con la actual integración del Consejo de la Magistratura, se sometió a votación la apertura de procedimiento de remoción de Armella, que requiere una mayoría de nueve votos para resultar afirmativa, esa mayoría no se alcanzó, bajo la influencia de dirigentes del radicalismo, y la denuncia fue desestimada.