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Hasta entrado el mediodíadel viernes, los únicos que habían utilizado la palabra eran los directivos y empleados de la EPE, quienes justificaron el pedido de incremento para poder mantener la calidad del servicio eléctrico, del cual se mostraron más que conformes.
Uno de los que brindaron detalles fue el gerente general de la EPE, Marcelo Cassin. De acuerdo a LT10, en su exposición, dijo que para 2017 los egresos presupuestados ascienden a $ 15.839 millones. En tanto, los ingresos serían de $ 12.298 millones si se aprobara la actualización tarifaria solicitada, y de $ 14.767 si no se aprobara. De esta forma, el déficit de la empresa ascendería a $ 3.540 millones sin los incrementos. Casi el triple del rojo que se tendría con ellos ($1.072 millones).
Por su parte, el presidente del directorio de la EPE, Raúl Stival, justificó la suba de las tarifas en la inversión prevista para 2017, que es de $ 1.213 millones.
“Nosotros podemos, como se ha hecho en otras épocas, no hacer ninguna obra, con lo cual no aumentamos la tarifa. Pero después los resultados se ven, como está pasando en la ciudad de Buenos Aires: 200 mil clientes con 18 horas de corte de luz”, avizoró.
Por la tarde, se dio la palabra de los usuarios y consumidores, quienes mostraron el rechazo al incremento, en especial, porque desde 2008 hasta ahora se dieron 15 aumentos.
Industriales
De acuerdo al diario El Litoral, el vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, pidió que haya más control y regulación en la fijación de los precios de la energía eléctrica por parte de la Empresa Provincial de la Energía porque afectarán a los precios de la economía, reclamó promover un cuadro tarifario que tenga como finalidad determinar tarifas “suficientes y eficientes” que no puedan ser manipuladas por el poder político y exigió la elaboración de un marco regulador que proteja los intereses de los usuarios.
En el mismo camino que lo hiciera el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) hace algunos días, Taborda ahondó: “desde la Federación Industrial no avalamos la suba de tarifas. Conocido es por toda la sociedad el esfuerzo que está realizando el sector productivo en general y la industria regional en particular por mantener su fuerza laboral, mientras ejerce acciones defensivas frente a las importaciones indiscriminadas y continúa trabajando en ser cada día más eficiente y competitiva. La situación económica industrial está bajo la lupa, el aumento de los costos, la presión impositiva, impactan negativamente en las cuentas de nuestras empresas. Nos preguntamos ¿Para qué sirve el aumento de tarifas si luego no se puede pagar?”.
También las PYMES dieron a conocer su punto de vista., Dirigentes de APYME expresaron el rechazo de la entidad y alertaron contra la incertidumbre del sector por la suba de costos, la merma del mercado interno y la constante caída de la actividad. Participaron del "velazo" que se realizó en Rosario en la previa a la audiencia y marcaron que al aumento de la electricidad hay que agregar el del agua, de 89 %, más el del gas, lo que resulta inviable para las pequeñas empresas y la población en general", concluyó.
Giustiniani y Augsburger
"Los aumentos para la energía eléctrica pedidos por la EPE son desproporcionados. Solicitar aumentos que rondan el 40% para el primer trimestre para residenciales y PYMES ante una inflación del 17% prevista por el Presupuesto Provincial es un golpe más al bolsillo de los trabajadores de ingresos fijos, jubilados, pensionadas y pequeños comerciantes e industriales”, sostuvieron el diputado Rubén Giustiniani y la diputada Silvia Augsburger.
Augsburger y Giustiniani insistieron en que las audiencias públicas deben realizarse, además de la ciudad de Santa Fe, en las ciudades cabeceras de cada nodo: Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela y que, las manifestaciones vertidas en las mismas deban ser consideradas para la definición final del incremento tarifario.
La mitad sostiene al resto
El diputado provincial Héctor Cavallero brindó a Rosario3.com cifras interesantes: “el índice de morosidad de los clientes de la EPE está en el 15% y el hurto llegó al 25%”.
“A esto hay que agregarle lo que se estima de pérdida de electricidad por obsolescencia de las líneas aéreas y subterráneas que ronda el 10 por ciento. La suma nos da un 50 por ciento; es decir que aproximadamente la mitad de los usuarios del servicio de energía en la provincia son los que efectivamente pagan y financian el sistema”, afirmó Cavallero.
A partir de ese complejo cuadro de situación, el legislador presentó un proyecto que incluye entre otras propuestas, que se eliminen las multas a los morosos y se les ofrezcan planes de cuotas que le permitan ponerse al día y a la empresa, recaudar lo adeudado. También colocar el pilar con el medidor en las zonas marginales y que paguen una tarifa social hasta determinados kilowatts consumidos.
“Si se hicieran estas cosas y se optimizaran las condiciones de las redes para reducir al máximo posible la energía que se pierde, la EPE recaudaría más y no tendría necesidad de aplicar aumentos sistemáticos a los clientes que sí pagan y están al día”, concluyó Cavallero.
Fuente: http://diariolaopinion.com.ar