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La oposición pidió a la Legislatura provincial declarar por el término de cinco años la Emergencia Hídrica, Ambiental y Sanitaria de las Cuencas de los ríos Barrancas-Colorado-Limay-Neuquén y Negro. El propósito es sanearlas tras la polución ambiental de que son objeto.
La propuesta fue presentada por los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino (Frente Progresista) que requieren la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
De prosperar la iniciativa, ambos organismos deberán realizar un empadronamiento de las empresas y establecimientos localizados en ambas cuencas para determinar la forma en que eliminan los residuos.
Se requerirá de estas instituciones realizar estudios de agua y suelo, tras lo cual se debe desarrollar un plan de saneamiento integral en todos los asentamientos humanos a la vera de esos cursos de agua.
El gobierno provincial podrá establecer incentivos económicos y financieros adecuados para la reconversión de las empresas a fin de prevenir y mitigar la contaminación de las cuencas, en tanto que el Ejecutivo deberá concurrir a la Legislatura de Río Negro una vez al año para informar sobre las lineas de acción y planificación de tareas.
Los parlamentarios elaboraron una profusa argumentación para elevar la mencionada iniciativa. Pusieron como ejemplo que las poblaciones ribereñas del río Colorado vienen expresando desde hace tiempo su creciente preocupación por la reducción de su caudal a lo que se suma la permanente contaminación que se produce por los recurrentes derrames de hidrocarburos desde las zonas de explotación de petróleo y gas.
Agregaron que la Cuenca Limay-Neuquén-Negro "recibe los desechos de gran cantidad de personas que viven en conglomerados urbanos más o menos distantes".
Consideraron fundamental la aplicación de medidas tomando en cuenta, además, que las organizaciones sociales de las provincias de Río Negro y Neuquén han venido exigiendo soluciones a esta grave problemática, reclamando a las autoridades interjurisdiccionales mayores controles en cada una de las actividades que se realizan y las sanciones cuando se ponga en peligro el vital recurso hídrico.