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Cristóbal López gastó millones en títulos
El empresario llamado “Zar del Juego”, compró papeles en dólares por la friolera suma mencionada, entre febrero y diciembre del 2015, para cubrirse de una eventual devaluación con el fin del gobierno de CFK. En ese tiempo, evitaba el pago de impuestos con la anuencia de la AFIP en la gestión del cuestionado Ricardo Echegaray.
Mientras retenía el dinero de los impuestos que debía entregar a la AFIP, el empresario kirchnerista Cristóbal López compró títulos públicos en dólares por cientos de millones de pesos a lo largo de todo 2015 para “cubrirse” de la devaluación del peso, según surge de documentos contables del Grupo Indalo que obtuvo un diario nacional.
La compra de títulos públicos ascendió a unos $ 838 millones, según reconstruyó La Nación, y se extendió entre febrero y diciembre del año pasado, con el Banco Finansur, del propio Grupo Indalo, como operador, lo que quedó asentado en los registros de la Caja de Valores.
Desde el Grupo Indalo confirmaron la operatoria, aunque indicaron que los montos y plazos fueron menores. Afirmaron que sólo abarcó $ 400 millones -unos US$ 35 millones al tipo de cambio entonces vigente-, y que las compras se limitó a julio, agosto y septiembre.
“Lo hicimos para atesoramiento porque teníamos un excedente y para mantener el valor de la compañía, ante el riesgo de una devaluación del peso”, indicó un alto ejecutivo que conoce desde adentro las operaciones del holding de López y De Sousa. “En vez de constituir plazos fijos o intentar un ‘contado con liqui’, optamos por los títulos públicos”, afirmó.
Desde el Grupo Indalo negaron, sin embargo, que López o De Sousa “apostaran a la devaluación” del peso mientras el Banco Central llevaba adelante las operaciones de “dólar futuro” por las que ahora el juez Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y al entonces titular de la entidad monetaria, Alejandro Vanoli, entre otros.
“¿Eran ganancias que invertimos en títulos en dólares? No. Los compramos con un flujo sobrante estacional de Oil Combustibles, que nos permitió mejorar el valor patrimonial proporcional de la petrolera”, argumentó el ejecutivo, que indicó que las operaciones se registrarían “en el próximo balance”.
El último balance de Oil Combustibles hasta ahora disponible, con datos al 30 de junio de 2015, refleja operaciones que hasta entonces fueron por montos marginales para el volumen de dinero que maneja una de las cinco grandes petroleras que operan en la Argentina. Así, sólo colocó $ 28,5 millones en plazos fijos “en moneda extranjera” mientras se encontraba vigente el “cepo cambiario”, además de títulos públicos en dólares por $ 5,2 millones en Bonar 2017 y otros $ 9,2 millones que se destinaron a Boden 2015.
Las compras, sin embargo, fueron mucho más elevadas. Sólo hasta mediados de 2015 rondó los $ 200 millones, pero las concretó Oil Combustibles “por cuenta y orden” de otras empresas del Grupo Indalo a las que derivó esos títulos públicos, detallaron dos fuentes al tanto de los números del holding. Desde entonces, las operaciones financieras fueron en aumento.
Junto a López y De Sousa defienden la decisión de comprar títulos públicos en dólares con ese “flujo sobrante” en vez de reducir la deuda que ya acumulaban con la AFIP por el ITC. Aún cuando afrontan dos causas penales, la designación de un veedor judicial y la disputa con el organismo tributario para determinar si el concurso de acreedores debe tramitarse en Buenos Aires o en Comodoro Rivadavia.
“Hicimos lo que era correcto en ese momento para defender el valor de la petrolera, como cualquier otra compañía hubiera hecho y como de hecho lo hicieron muchas en ese momento”, retrucó.
Para el fiscal federal Gerardo Pollicita, sin embargo, Oil Combustibles operó con beneficios exclusivos dentro de la AFIP a los que no pudieron recurrir otras petroleras grandes que operan en el país. Eso ocurrió, sospecha el fiscal, con la venia del entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray.
Por ese motivo, Pollicita pidió la indagatoria de López, De Sousa y Echegaray, tras considerar que los dueños del Grupo Indalo y el actual titular de la Auditoría General de la Nación habrían promovido una “defraudación contra las arcas del Estado” por más de $ 8000 millones mediante la retención del ITC y su uso posterior para financiar la expansión del Grupo Indalo.
Para López y De Sousa, las turbulencias que afrontan desde hace semanas son la manifestación de una “ofensiva” del Gobierno que comenzó en marzo, luego de que una reunión con Fabián Rodríguez Simón, el abogado de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, terminara mal.
Pollicita sostuvo, en cambio, que los dueños del Grupo Indalo y Echegaray integraron una supuesta “asociación ilícita” junto otros ex funcionarios del Estado. Por eso también pidió que se llame a indagatoria a otros 20 agentes de alto y mediano rango de la AFIP. Entre ellos, el entonces titular de la DGI, Ángel Toninelli, al que también se investiga junto Echegaray en la causa por “la Ruta del Dinero K” que protagoniza el empresario patagónico Lázaro Báez. La Nación