Jueves 26 Mayo 11:55
La polémica minera "Bajo de la Alumbrera", prepara su cierre
La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.
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Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman desde hace años, por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.
Se podrán medir los efectos ambientales
Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década. La inversión, que incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados, rondaría, a valores de hoy, los 2000 millones de pesos.
En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados.
La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
La empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).
Los derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Y percibe 20% del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.
"Controles"
Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD. El Ejecutivo audita su área a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera.
El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En Afirma que las auditorías son insuficientes.
Fredy Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde 2010-, apuntó: "Los gobiernos no pueden controlar la extracción de áridos, imagínese una mina".
Karina Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la participación de la comunidad en el plan de cierre: "Todo se maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información".
Respecto de la remediación, Gómez sostuvo que "terminarán haciéndose cargo" los socios de YMAD "en función de una cláusula secreta firmada en Nueva York" a la que comparó con la que rige en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó que las acciones deben permitir "una restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la actividad" y recordó que las mineras tienen el "compromiso de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza para constatar su estabilidad física y química".
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