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Mendoza- En silencio, el gobierno intentó desactivar el viernes el avance del expediente judicial que le impuso un parate de tres meses a las fenomenales subas de gas en la provincia.
Sergio Marinelli, el secretario de Servicios Públicos, se reunió con los abogados de la ONG Protectora (impulsores de las demandas que desencadenaron la medida cautelar de la jueza Olga Pura Arrabal) y preguntó directamente la alternativa de que se desestimaran las demandas judiciales para terminar aceptando el aumento tope del 400% en las facturas residenciales acordado con el gobierno nacional.
La respuesta de José Ramón, uno de los integrantes de Protectora, careció de eufemismos: “Disculpame, pero vos sos un pelotudo a pedales”.
La reacción del abogado fue desacomedida, pero como viejos conocidos que son, provocó la carcajada de Marinelli. La salida no estuvo carente de lógica: al menos por los próximos tres meses, si esta semana no se resuelve lo contrario, los aumentos de gas en Mendoza no podrán ser superiores al 80%, tal como lo dispuso la Justicia.
Y durante los próximos 60 días Ecogas deberá tener listo un nuevo cuadro tarifario, más acomodado a las condiciones climáticas de la provincia y su relación con el consumo de gas. Aunque esto también está por verse.
Terminar cerrando un aumento del 400% ahora, le permitiría al Gobierno quitarse la soga del cuello por el momento. Y despejar a su vez los enojos nacionales que se transmitieron por lo activo que estuvo Alfredo Cornejo en esta pelea.
Hubo quejas por las manifestaciones políticas de la vicegobernadora, Laura Montero, que había calificado el ajuste tarifario del gas como “inoportuno”.
Pero el enojo fue peor contra el ministro de Infraestructura, Enrique Vaquié, quien dejó de lado las consideraciones políticas para pasar a cuestionar uno de los efectos más nocivos de la suba desmedida autorizada en el servicio.
En declaraciones públicas, el colaborador de Cornejo apuntó directamente al impacto en el sector productivo, con industrias y empresas que ya vienen con el cuerpo cansado producto de la caída de las ventas, la suba de costos y la caída de los márgenes de ganancias, entre otros golpes.
La gran parte del sector industrial mendocino es electro intensivo y la suba de diciembre de la luz venía de causar efecto. El incremento del gas, los terminó de perjudicar desacomodando además toda la estructura de costos que tenían prevista para este año.
Por eso no es de extrañar a esta altura el devenir del gobierno provincial en este asunto. En la reunión amplia del miércoles en la que La Nación buscó corregir su error con buena parte de los gobernadores, los funcionarios mendocinos que participaron llevaron tres ideas claras.
El problema del gas en Mendoza explotó este otoño. Pero será peor en pleno invierno, cuando venza el plazo improrrogable de tres meses que la Justicia impuso para frenar el tarifazo.
Pensando en ese día 91, fue que para Mendoza el tope del 400% acordado para los residenciales (y el del 500% para las Pymes y comercios) se tiene que imponer sobre lo que el usuario ya viene pagando. Y no sobre lo que establece el cuadro tarifario.
Aquí la diferencia está en los antiguos fallos de Arrabal, que mantienen pisados desde 2014 los aumentos del gas. Otro planteo fue que en el corto plazo se corrigiera el cuadro tarifario para que en Mendoza el cálculo del costo del gas se realice sobre las isoterma que nos corresponde. Y no, sobre la que se calcula actualmente.
La isoterma es una herramienta para la medición de la temperatura en una zona determinada y nuestros costos del gas están relacionados hoy al frio que hace en la provincia de Buenos Aires o al de Córdoba. Cuando deberíamos estar más cerca del cálculo previsto para La Pampa.
La tercera iniciativa fue política: “Nosotros vamos a respetar el fallo de la Justicia”, dijeron los mendocinos en la reunión con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y con el de Energía, Juan José Aranguren. La afirmación suena a perogrullada, pero llevaba implícito el mensaje de que Cornejo no iba a buscar influir sobre la jueza, más allá de que la Nación se lo pidiera. Por ahora, la magistrada ayuda a descomprimir la situación social en Mendoza por el tarifazo. Pero solo por ahora.
Esta historia no termina todavía
Algo está claro en medio de tanta confusión de los últimos días acerca de si pagar o no pagar las boletas con vencimiento anterior el 27 de mayo. Ya se sabe que hay que hacerlo ante la amenaza de cortes en el servicio. Pero hacia adelante todo es incertidumbre.
Ecogás ya se lo transmitió a Marinelli: no van a cumplir la sentencia de Olga Pura Arrabal que les exige armar un nuevo cuadro tarifario dentro de los próximos 60 días.
La empresa brindó argumentos sólidos. Ese nuevo esquema deberá ser resuelto por el Enargas (el Ente Regulador del Gas) y no por la empresa de manera unilateral.
¿Con qué valores llegarán las próximas facturas? Protectora insistirá en la tramitación del expediente que el nuevo cuadro se concrete dentro de los próximos dos meses. Pero nadie puede garantizar que ello ocurrirá.
Para Protectora, nada. Así lo estableció en una nueva presentación que realizó el viernes en los tribunales federales.
La jueza dibujó un número de aumento del 80%. Aunque sin ninguna referencia específica.
Y un magistrado de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, luego de un planteo del Gobierno y de tres intendentes sureños, fijó un tope que podría llegar al 150%.
De los dos magistrados, este último fue quien trazó el camino más definido. Estableció que Ecogás debe tomar para la nueva facturación el cuadro anterior vigente, más una corrección de costos en el traslado y la distribución.
Con esta sentencia en la mano, Ecogas corrió al juzgado de Arrabal a pedir el corrimiento de los topes.
La empresa patalea por el boicot del pago de las facturas y le suma a su reclamó los papeles del aumento del 250% en los costos del transporte del producto.
Y allí fue ante Olga Pura para que uno de los componentes de la tarifa, el valor del gas, se aplique la tarifa social. Y para que cubrir los costos en el transporte y en la distribución, se corra el tope del aumento establecido del 80% al 150%.
La jueza deberá resolverlo esta semana y podría terminar accediendo. Si esto sucede, el tarifazo seguirá desencadenando más ruido político y más malhumor social del que ya provocó. Marcelo Arce