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El presidente de la Cooperativa de Electricidad de 9 de Julio, Omar Malondra señaló que con la retracción del aumento de tarifas "se genera un estado de situación muy particular".
También peligra el servicio brindado a miles de ciudadanos que residen la región bonaerense, además de los locales comerciales, las Pymes, las explotaciones agrícolas ganaderas y todos los servicios esenciales como el gas y agua, que son ofrecidas por las mismas cooperativas.
Debido al fallo judicial que frenó el incremento en la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires, unas 200 cooperativas que brindan el servicio eléctrico, en distintas localidades, podrían ir a la quiebra por no poder enfrentar el ajuste fijado.
Como consecuencia, también peligra el servicio brindado a miles de ciudadanos que residen la región bonaerense, además de los locales comerciales, las Pymes, las explotaciones agrícolas ganaderas y todos los servicios esenciales como el gas y agua, que son ofrecidas por las mismas cooperativas.
"Pero los gastos, producto de la nueva tarifa fijada a las cooperativas por la compra de energía a las generadoras, se multiplicó por tres, y su vez el resto de los costos, también se multiplicaron” afirmó Ambrosius.
De modo que, el dirigente, denunció que “los gastos quedan a valores nuevos pero los ingresos a precios viejos”, y advirtió que “eso produce una situación que pone en riesgo el servicio”. Y agregó: “de persistir esta situación, en los próximos 30 días se puede producir un deterioro de un servicio que es vital”, como la electricidad.
El presidente de la Cooperativa de Electricidad de 9 de Julio, Omar Malondra, quien a su vez es vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas, señaló que con la retracción del aumento de tarifas “se genera un estado de situación muy particular”, porque alertó que las prestadoras van “a caer en una cesación de pagos”.
“Le vamos a enviar una comunicación a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que provee de electricidad a las cooperativas) indicándole la imposibilidad que tenemos de pagar” por la compra de energía, indicó Malondra, quien explicó que “no es posible seguir comprando a un precio tres veces mayor al anterior, pero vendiendo a valores del año pasado”.
Por su parte, el presidente de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE) y titular de la cooperativa de Pinamar, Roberto Otero, dijo que “si uno tiene que pagar la electricidad al precio que está y cobrarla al que impuso el juez, el servicio se va a resentir porque no hay manera de soportarlo”.
Aun así, Otero se mostró más optimista que el resto de los dirigentes, al destacar que “el fallo todavía no está firme, la medida del juez es apresurada, y si se eleva a la Cámara de Apelaciones, ésta le dará la razón a la Provincia”, cuya gobernadora, María Eugenia Vidal, presentó un recurso para revertirlo.
“Si le sale en contra la decisión judicial, la Provincia tendrá que arbitrar los medios para sostener el servicio eléctrico y volver a los subsidios”, remarcó el titular de la FICE, quien alertó que “de esta manera no podemos seguir, deberán compensarnos por la diferencia de plata que no tenemos”.
En este sentido, los representantes de Apeba, de FICE, de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos (Fedecoba), y de la Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios (Creces), y de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), de representación nacional, se reunieron en Azul para intentar resolver la situación.
Allí definieron acatar el fallo de judicial de Luis Arias del Departamento de La Plata, que ordenó a los distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica, entre ellos las cooperativas, de abstenerse de aplicar la resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura bonaerense que había dispuesto el ajuste de los cuadro tarifarios desde el 26 de febrero y, en consecuencia, retrotraer la facturación a los valores vigentes con anterioridad a la decisión suspendida.