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A media mañana del miércoles el caso tomó relevancia: un vehículo de alta gama había sido secuestrado por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro tras la denuncia de la dueña de una cochera ubicada en barrio Nueva Córdoba.
Según el abogado de la denunciante, a la mujer le resultó "sospechoso" que este tipo de vehículo haya aparcado allí hace un mes, que sólo haya pagado el alquiler por una semana y que nadie lo haya utilizado hasta entonces, según consignó el portal de la UNC, Cba24.
El representante legal de la propietaria de la cochera dijo que tras realizar averiguaciones sobre Camusso y detectar una supuesta relación con Sala, acudieron a la Justicia federal.
Eduardo Camusso, el propietario del vehículo desmintió ayer mismo algún vínculo con Sala y dijo que era "apócrifo" el supuesto documento que lo ligaban a la venta del 40% de del canal de televisión jujeño Nortelevisa S.A. a la líder del movimiento Túpac Amaru.
Lo cierto es que la hija de Camusso -residente en la ciudad- le llevó las llaves del automóvil a Bustos Fierro y con ella se hizo la apertura del vehículo, en medio de un operativo mediático donde se esperaba encontrar dinero en su interior o algún indicio que demostrara algún tipo de ilegalidad.
"Me costó bastante conseguir que me entreguen el expediente", dijo molesto el fiscal, quien criticó duramente el proceder del juez: "Vi que la denuncia era basada en dos papeles que no tenían ninguna validez legal, que el juez no hizo ninguna clase de verificación de la información que contenían los papeles y tampoco esperó un exhorto desde Jujuy que es lo único que hubiera habilitado a un juez de Córdoba a actuar".
De esta forma, Senestrari enumeró la "serie de irregularidades" que lo llevó a tomar la decisión de anular todo el caso: "fue hecho en abierta violación de las leyes y códigos procesales".
El fiscal señaló que ante estas faltas graves en la aplicación de los procedimientos legales, sólo la Cámara Federal o el Consejo de la Magistratura podrán evaluar el desempeño del juez y sancionarlo en caso que correspondiese.
"El trabajo de la fiscalía es señalarle que lo que hizo es absolutamente ilegal y sostenerlo. Si es que el juez quiere mantener la validez, irá a la Cámara Federal y será ella que decida si es válido o no. Lo cierto es que se instaló una idea muy desagradable e injusta sobre una persona por actuar de esta manera".