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Guatemala- Paralelo al incremento de la batalla contra el establecimiento de hidroeléctricas y otros megaproyectos lesivos de los bienes comunes, cuya máxima expresión fue la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, aumentaron las presiones contra los activistas, aseguraron.
Según delegados de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango, en la última semana varias empresas extractivas arremetieron de manera violenta contra los habitantes de esas zonas: la Hidroeléctrica Santa Cruz, Promoción y Desarrollo Hídrico S.A., la Hidroeléctrica San Luis y la empresa Enel Guatemala S.A.
Por esa razón, pidieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas convertirse en garantes del respeto a su derecho a rechazar proyectos hidroeléctricos y mineros.
Representantes de Santa Rosa de Cahabón, en Alta Verapaz, denunciaron que el abogado José Batres González entregó de manera ilegal un terreno del Estado a las empresas Renace, en las márgenes del río Cahabón, que atraviesa gran parte de Alta Verapaz y es considerado uno de los principales de Guatemala.
En cambio a las familias les dieron tinacos o depósitos plásticos para abastecerse de agua, pero en lugares lejanos, comentó Bernardo Caal por los comunitarios asentados cerca de los proyectos Renace I, II, III, IV y V.
Esas empresas impusieron límites de horarios para servirse del recurso hídrico -de siete de la mañana a cinco de la tarde- y fuera de estos las personas no pueden ingresar al lugar, porque los vigilantes se lo impiden, explicó el miembro del colectivo Madre Selva, Julio González.
Frente a este panorama los pobladores de Santa María de Cahabón solicitaron la intervención del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mientras el presidente de la Cámara de Industria, Emilio Castillo, afirma que las comunidades deben entender que todas las inversiones que se hacen en el país cumplieron legalmente los requisitos para trabajar.