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El ministro irá acompañado de su vice, Ezequiel Sabor, a una reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Ambos funcionarios sostendrán la postura oficial de rechazar de plano cualquier iniciativa que contemplase un obstáculo para producir cesantías, como confirmó en varias oportunidades el propio Mauricio Macri.
La visita de Triaca coincide por un lado con la buena noticia para el Gobierno de que el Frente Renovador, de Sergio Massa, resolvió ayer no sumarse al proyecto acordado por el Frente para la Victoria y otras fuerzas e ir al recinto con una iniciativa propia. En cambio, el oficialismo recibió críticas del sindicalismo luego del anuncio del lunes de un compromiso con empresarios para no reducir las plantillas de personal. Los dirigentes de las tres CGT y de las dos CTA insistirán con los bloques opositores para la sanción de una ley con la inclusión de una doble indemnización, el principal motivo de preocupación para Macri y hombres de negocios.
Hasta anoche, cuando el Ejecutivo desconocía la posición de Massa y daba por sentado que habría una ley votada por toda la oposición, la postura que daban a conocer los funcionarios era que Macri estaba dispuesto a un veto parcial frente a la eventual sanción. El veto quedaría acotado a la penalización y a cualquier obstáculo formal para producir cesantías. En cambio, había predisposición para aceptar incentivos para la contratación de personal por parte de pequeñas y medianas empresas, como también contemplan los bloques opositores en algunos casos.
Mañana está prevista una sesión especial a pedido del Frente para la Victoria-PJ y fuerzas de izquierda para apuntalar la prohibición de los despidos por seis meses tal como fue votada en el Senado bajo la denominación de "emergencia ocupacional".
Las negociaciones del Gobierno con el sindicalismo, entre tanto, parecieron encontrar un techo el lunes en la reunión que mantuvo Macri en la Rosada con una comitiva de miembros de las tres CGT. Allí, como contaron varios gremialistas y admitieron desde el propio Ejecutivo, el diálogo fue tenso y el mandatario se mostró contrariado por la decisión expresada por sus interlocutores de insistir con el apoyo a la iniciativa parlamentaria. A los pocos minutos de empezado el encuentro Macri se excusó con el argumento de que lo aguardaban los empresarios para la firma del compromiso y se retiró sin siquiera exhibirles el texto.
La postura sindical, sin embargo, no es uniforme, al menos en algunos sectores de la CGT. Mientras Moyano y los "independientes" como Gerardo Martínez ya avisaron que apoyarán la continuidad del debate parlamentario, desde otros sectores, como los de los "gordos" de los grandes gremios de servicios y sindicalistas del transporte como Roberto Fernández prefieren concederle una tregua al Gobierno y dejar que la iniciativa parlamentaria termine en una vía muerta.
Es que en paralelo con el debate por los despidos los gremios tradicionales mantienen otras negociaciones con el Ejecutivo. Por caso, Triaca les prometió a los dirigentes que el jueves de la semana que viene se presentará el proyecto de ley oficial de reforma integral de Ganancias. Pero además preexiste una concesión clave: la millonaria distribución de fondos de las obras sociales comprometida en varias mesas de debate menos visibles.
En lo inmediato, el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, había avisado que tenía previsto disponer una partida extraordinaria de $ 2.700 millones para las entidades de salud de los gremios, mientras el Gobierno analiza el destino de un fondo mayor que llega a los 30 mil millones de pesos, pendiente de definición.
Mariano Martín