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El monto del desembolso ascenderá a dos mil 130 millones de euros responde a la decisión de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE) de solo admitir ayudas públicas a la industria del carbón con el propósito de facilitar el cese de negocios ineficientes. En diciembre de 2010, cuando los gobiernos del bloque adoptaron esa visión común, aseguraron que el interés era promover el fomento de las energías renovables, una economía baja en carbono y la disminución del papel del carbón autóctono.
El gasto del gobierno incluye cubrir pérdidas de producción en los últimos meses de funcionamiento de estas minas poco competitivas, proporcionar apoyo financiero a trabajadores despedidos con indemnizaciones y beneficios sociales, así como financiar tareas de seguridad y otros fines tras el cierre de las explotaciones.
La Comisión Europea, que aprueba las ayudas del estado mientras no alteren la competencia de mercado, dio luz verde el viernes tras aceptar el plan de cierre del gobierno español, que ha provocado protestas entre algunos mineros.
El carbón supone en torno a un cuarto de la producción eléctrica de la Unión Europea, según la Comisión, que intenta reducir de forma drástica las emisiones de dióxido de carbono del bloque, incluidas las de centrales eléctricas alimentadas con carbón.
Cualquier entidad que entre en el plan de apoyo está obligada a desmantelar sus instalaciones antes de concluir 2018, de lo contrario deberá devolver el dinero recibido. El ejecutivo comunitario aseguró que las autoridades españolas "se han comprometido a recuperar cualquier ayuda concedida a minas que no hayan sido cerradas en esa fecha".