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A raíz del impactante descubrimiento, varios diputados de la oposición exigieron extender la exclusión del blanqueo de capitales a los familiares de los funcionarios y a los contratistas del Estado.
“Poner a los funcionarios y no poner a los parientes es lo mismo que no poner a nadie. Es una burla decir que se está dejando afuera a los funcionarios de los tres poderes”, lamentó Carlos Heller, del Partido Solidario.
Tanto Heller como Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que el exgobernador puntano Claudio Poggi lo hizo a favor.
El proyecto que fue votado ayer a la madrugada en la cámara Baja -y que completaría su sanción en el Senado el 29 en el marco del pago a jubilados - indicó que quedarán excluidos del blanqueo "el cónyuge, los padres y los hijos menores o emancipados" de los funcionarios públicos. También quedaron comprendidos el jefe y vicejefe porteños y los parlamentarios del Mercosur, que se suman a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes.
El Senado debatirá a partir del martes próximo en un plenario de comisiones el proyecto de ley aprobado en la medianoche de ayer por la Cámara de Diputados, que contempla el pago de las sentencias por actualización de haberes a los jubilados, el blanqueo de capitales, y una eximición del pago del Impuesto a las Ganancias sobre el próximo aguinaldo. La discusión en la Cámara alta comenzará en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda.
El tratamiento en el recinto está previsto para el próximo 29 de junio. El proyecto obtuvo amplio respaldo en la Cámara de Diputados, que lo aprobó en general por 162 votos aportados por el interbloque Cambiemos, siete del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina (exmassistas), y hasta el kirchnerista Frente para la Victoria.
A última hora, Cambiemos acordó con el massismo incluir una nueva modificación: trasladar la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas.
A pesar de que el Frente para la Victoria había anticipado su rechazo al proyecto oficial, siete de sus legisladores, los misioneros Maurice Closs, Daniel Di Stefano, Jorge Franco, Silvia Risko, los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni, y la tucumana Miriam Gallardo, decidieron votar a favor del texto impulsado por el Poder Ejecutivo.
También votaron a favor en general del proyecto oficial -que sufrió múltiples cambios consensuados entre el oficialismo y la oposición hasta último momento- los legisladores de Compromiso Federal San Luis que responden a Adolfo Rodríguez Saá, y los dos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes: 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo.
El pago de estos juicios, la actualización de los haberes y la nueva Pensión Universal a la Vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Sin embargo, la iniciativa también habilita la venta de acciones que la ANSES tiene en empresas privadas -producto de la estatización de las AFJP en 2008- para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. El Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa son algunas de las compañías en donde la Anses tiene acciones. Así, el proyecto macrista propone derogar la ley sancionada por el kirchnerismo que prohibía vender las acciones sin autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Por pedido de la oposición, el oficialismo aceptó incluir un agregado que indica que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores, en principio, al 7%.
La mencionada Pensión Universal a la Vejez beneficiará a mayores de 65 años y significará el 80% del haber mínimo. Pero por pedido del bloque de Bossio, se extendió por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios puedan recibir la jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes que no hicieron.
Con respecto al blanqueo de capitales, se ratificó que quedarán excluidos los tres poderes del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal-. Otra modificación importante fue la relativa al artículo que preveía cárcel a los que difundieran información sobre los blanqueadores.
Por otra parte, la iniciativa establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron.
El jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Pichetto, pedía extender ese plazo a 120 meses: ese fue el motivo de una reunión que mantuvo este miércoles con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los diputados Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Massa. Finalmente, se acordó dar un margen a la autoridad de aplicación de la ley para modificar este aspecto.
El oficialismo accedió a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto; de todos modos, se mantiene la modificación en las alícuotas.
Se exceptuó del pago del Impuesto a las Ganancias al aguinaldo de los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los Bienes Personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos.