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“Un mecanismo de estrategia común para defender el precio sostén del crudo”
Uno de los aspectos centrales de la resolución, aprobada por la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz el pasado jueves, quizás sea “el llamado a los gobiernos de las provincias productoras de crudo a que instrumenten, a la brevedad, una convocatoria de sus instituciones para generar un mecanismo de estrategia común, en defensa del mantenimiento del precio sostén del barril de petróleo en el mercado interno”.
Las provincias productoras de crudo están nucleadas en torno a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que desde el cambio de gestión a nivel nacional no ha tenido ningún pronunciamiento concreto sobre la política energética del Gobierno nacional (ni por el aumento de las tarifas aplicado).
En ocasión de un reportaje realizado al secretario gremial de los petroleros jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, publicado en estas mismas páginas, el dirigente sostuvo que “más allá de la cercanía política de algunos gobernadores con el Gobierno nacional, deben responder a la gente que los votó”, en una clara interpelación a la OFEPHI.
El proyecto aprobado la semana pasada es una de las primeras veces en que desde un Poder Legislativo, se insta al conjunto de las provincias productoras a fijar una posición común, ante lo que puede llegar a ser un cambio inminente en la política de precio sostén del crudo interno, la cual ha servido en los últimos años no sólo para sostener las fuentes laborales sino para impulsar el desarrollo de la soberanía energética (al menos hasta el 10 de diciembre de 2015).
Hasta el momento, el esquema de subsidios al barril criollo tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año. El vicegobernador de la provincia, Pablo González, narró en varias oportunidades que luego de discutir el tema con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, todo haría suponer que para el próximo año se pondría fin a esta política de subsidios a la industria. De ser así, la provincia de Santa Cruz dejaría de recibir en concepto de regalías 150 millones de pesos mensuales, aproximadamente.
¿Cuáles son los indicios concretos que existen para pensar que el Gobierno nacional le pondrá fin a la política de precios sostén? Más allá de las expresiones del propio ministro Aranguren, existen datos concretos de la reducción paulatina de este subsidio.
Entre 2014 y 2016, el precio del barril de crudo tuvo una depreciación del 88,6 por ciento. Pero a partir del valor sostén aplicado por el anterior equipo económico, se logró mejorar la ecuación de las operadoras. El desacople se estipuló en 77 dólares por barril para el crudo extraído en la cuenca neuquina y, para el petróleo tipo Escalante obtenido en la Cuenca San Jorge (Santa Cruz y Chubut), el barril se fijó en 63 dólares aproximadamente.
La estipulación de ese precio sostén se justificaba también por la existencia de un marco normativo, sancionado en 2012, que estableció un Régimen de Soberanía Hidrocarburífera y la actividad se declaró de interés público. Una de las primeras decisiones del equipo energético de la actual administración fue reducir el precio sostén, en comparación con lo que se venía desarrollando hasta el 10 de diciembre de 2015. Hubo una reducción del 13 por ciento para el crudo extraído en Neuquén (el barril quedó en 67 dólares), y un 18 por ciento para el crudo tipo Escalante (54,60 dólares), que es el producido en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Si bien esto fue lo que ocurrió en las primeras semanas del Gobierno, lo que viene observándose en los últimos meses es una reducción por goteo del precio sostén. En agosto, los productores cobraron un 2 por ciento menos del precio sostén por el crudo que destinaron en la industria local, en septiembre la reducción fue del 4 por ciento y en octubre, la merma está estipulada en un 6 por ciento. Este es el escenario que llevó a los distintos bloques parlamentarios a aprobar una resolución para que el Poder Ejecutivo explicite cuál será su política hidrocarburífera.
Otro dato que indicaría que el Gobierno nacional está dejando en manos del mercado la regulación del sector de los hidrocarburos, es la subejecución presupuestaria de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y el recorte presupuestario estimado para el mismo rubro en 2017.
En lo que va del año, el programa estratégico fue ejecutado en un 30,56 por ciento, cuando la media de ejecución de todo el presupuesto nacional al 15 de octubre llega al 70 por ciento.
Si se toma en cuenta este programa de Planificación Estratégica, más el rubro Formulación y Ejecución de políticas hidrocarburíferas, el recorte presupuestario para 2017 llega al 30 por ciento. Para 2016 se había asignado un presupuesto –por ambos programas– de 52.160 millones de pesos mientras que para 2017 serán 36.622 millones de pesos.
Estos datos pueden corroborarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda (ejecución presupuestaria por programa) y en los fascículos específicos del Ministerio de Energía publicados como anexos del Presupuesto 2017, que se encuentran en el sitio web de Hacienda.
Otro dato que puso en alerta a los legisladores es la desinversión del sector en la Cuenca del Golfo San Jorge (información que ha sido publicada en estas mismas páginas). El promedio de la desinversión planificada por las tres principales operadoras de la Cuenca (YPF, PAE y Sinopec) fue del 30 por ciento, lo que para la zona norte de Santa Cruz representó una merma de recursos (inversión privada) de 362 millones de dólares durante el período enero-junio de este año.
El recorte en la inversión puede apreciarse en el recorte de pozos; las operadoras se habían comprometido a realizar este año 190 nuevos pozos, es decir un 40 por ciento menos que en 2015. La mayor empresa petrolera de la Argentina y de la Cuenca, YPF, informó que durante este año perforaría 155 nuevos pozos (6 exploratorios, 9 de avanzada y 140 productores), cuando en 2015 fueron 249.
“Todos sabemos que la quita de subsidios del barril del petróleo, la liberación del precio del crudo con el contexto internacional que estamos teniendo, es prácticamente ponerle un certificado de defunción a la actividad y no solamente impacta en los que dependen directamente del petróleo, sino también a la provincia porque los mayores ingresos de regalías hidrocarburíficas los tenemos a través de la explotación del petróleo”, sostuvo el diputado Gerardo Terraz (UCR) en declaraciones publicadas por este diario el pasado viernes.
En los fundamentos del proyecto de resolución elaborado por el FpV, que luego fue consensuado con el radicalismo, el diputado Matías Mazú sostuvo: “Hoy las organizaciones sindicales del sector advierten las consecuencias de tomar esta medida de reducción del precio sostén del petróleo criollo que se expresa en una sencilla ecuación: más desempleo, paralización de la producción por medidas de fuerza, merma en la recaudación de la renta petrolera para las provincias productoras, además de las imprevistas derivaciones que suelen tener conflictos relacionados con tan alta actividad económica”. La iniciativa del oficialismo también fue firmada por Víctor Hugo Alvarez, Matías Bezi, Hugo Garay y Darío Menna.
Además de la potencial amenaza que representaría la quita del precio sostén al barril local para los trabajadores, hay otro dato que se suma a esta ecuación que es la pretensión del Gobierno de “flexibilizar” las condiciones laborales con la excusa de atraer más inversiones. Durante el acuerdo paritario con las cámaras del sector pudo apreciarse este primer intento; se firmó de manera unilateral un acuerdo salarial donde se instaba a las partes a sentarse en una mesa de negociación para modificar el esquema laboral del sector. Si bien ese acuerdo fue rechazado por los sindicatos, la pretensión de flexibilizar las condiciones laborales -bajar turnos, reducir horas, evitar que se frene la producción ante inclemencias climáticas, etc.- sigue en carpeta del Poder Ejecutivo.
Por el lado de los gremios, quien lleva la voz cantante en este tema es el senador Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quien se mostró dispuesto a llevar adelante los cambios en los esquemas laborales del sector, en un acuerdo tácito con el Gobierno nacional. Por otro lado, Pereyra fue el dirigente sindical (y senador) en impulsar los procedimientos de crisis en su provincia, en los términos y condiciones impuestos por las empresas del sector.
Según la resolución aprobada la semana pasada por la Legislatura de Santa Cruz, de no mantenerse el desarrollo de la producción de hidrocarburos, se pone en riesgo “el mantenimiento de los puestos de trabajo y la paz social de las provincias productoras, con especial énfasis en Santa Cruz”.
Fuente: http://www.tiemposur.com.ar