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La ex jefa del Estado se expresó de ese modo al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una "matriz de corrupción" durante su gobierno y favorecer a Báez con 16.000 millones de pesos a través de la licitación de obra pública.
El edificio de Comodoro Py estuvo blindado. La Cámara de Casación Penal ordenó desplegar un fuerte operativo ante la indagatoria de Cristina Kirchner . Los tribunales federales amanecieron rodeados por vallas para restringir el acceso y con una importante presencia de efectivos de seguridad. Dispusieron numerosos agentes de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal. En el interior del edificio, también había tres policías por piso.
El operativo de seguridad incluyó 400 efectivos (Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval), un piso completo bloqueado, drones y un doble vallado al edificio.
Precisamente, con los hombres de Gendarmería se registraron pequeños incidentes con la militancia a la salida de la ex presidenta. Dentro de la sede judicial, en tanto, no hubo gritos ni cánticos de los fanáticos de Cristina, como había ocurrido el 13 de abril pasado, cuando recorrió los mismos pasillos para enfrentar la indagatoria por la causa dólar futuro ante Claudio Bonadio.
Allí se sostuvo que las obras públicas eran aprobadas por el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales. Agregó que todo fue sometido a controles de la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la comisión bicameral. Allí se enumeró la lista de empresas contratistas de obra pública que ubica al Grupo Austral en el puesto 38 del total de los beneficiarios. Ercolini inauguró con la exmandataria la ronda de indagatorias en esta causa que tiene otras 17 citaciones y otras tantas pendientes.
La expresidenta pidió al magistrado la modificación del objeto procesal al reclamar una auditoría integral de la obra pública durante su gobierno, para poner luz sobre todas las empresas a las que se otorgó obra pública, incluida la del primero de Macri, Ángelo Calcaterra (IECSA). "Auditemos todo", se defendió este domingo la Cristina Kirchner en Twitter, donde publicó una lista de las adjudicaciones durante su mandato y abogó por revisar el conjunto de las licitaciones y no solo las del sur del país, donde el grupo Austral tiene mayor protagonismo.
"Yo quiero que se investigue toda la obra publica". "Se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado", dice la acusación.
El juez anuncìó la reprogramación de las fechas de indagatorias, que durarán todo el mes de noviembre e incluye, entre otros, al ex ministro Julio de Vido, al detenido ex secretario José López y al propio Baez, de un total de 17 convocados.
Cristina insistió además en que es víctima de "una maniobra formidable de persecución política", según explicó ella misma ante la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires. "Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal".
"Es una maniobra a nivel regional", dijo Cristina Kirchner, quien señaló que además es "obviamente del actual gobierno" con el objetivo, según dijo, de "trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina a partir de las decisiones" del presidente Mauricio Macri.
Cristina Kirchner consideró que si su gestión fue "una asociación ilícita", la actual sería "una asociación ilícita terrorista" porque -ironizó- "infunde terror a los ciudadanos, que tienen terror cuando llega la factura de luz y de gas o cuando van al supermercado".
Fuente: Agencias- http://www.diariocronica.com.ar